En los días previos a la primera vuelta del 31 de mayo, una serie de auditorías internas del Consejo Nacional Electoral (CNE) puso en entredicho el trabajo de la firma AtlasIntel en Colombia. Los documentos técnicos, elaborados por la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas del CNE, señalan fallas metodológicas y administrativas que, según los auditores, convierten los resultados difundidos en publicaciones ilegales bajo el marco normativo vigente. La recomendación principal fue suspender provisionalmente la inscripción de la empresa en el registro de encuestadoras para evitar la reiteración de prácticas contrarias a la ley.
Los informes describen un patrón de incumplimiento que incluiría la utilización de muestreos sin probabilidades conocidas de selección y la presentación de datos como si provinieran de una encuesta probabilística. Las auditorías advierten que cuando la recolección depende de reclutamiento digital orgánico, no se cumplen los supuestos de representatividad exigidos por la Ley 2494 de 2026. Además, se consignan irregularidades procedimentales que complican la validez de cualquier estimación poblacional derivada de ese diseño.
Hallazgos centrales de los informes
Uno de los informes, firmado por el comisionado Álvaro Mauricio Montenegro Rivas, detalla que el estudio publicado por AtlasIntel para la revista Semana corresponde a un sondeo no probabilístico de reclutamiento digital. Los auditores identificaron seis hallazgos sustantivos: ausencia de criterios de probabilidad en la selección de participantes, imposibilidad de verificar las tasas de respuesta, inconsistencias en los archivos técnicos y errores en la documentación entregada. Frente a estos hechos, el informe cuestiona la legitimidad del cálculo de un margen de error del 2% y concluye que los resultados no son publicables bajo el actual marco legal.
Método y problemas de representatividad
El método descrito por AtlasIntel como «Atlas Random Digital Recruitment» fue definido por los auditores como un reclutamiento aleatorio durante la navegación web mediante dispositivos geolocalizados. Según la Comisión, ese procedimiento depende de factores de participación y selección no observables, lo que transforma cualquier estimación en una construcción muy dependiente de modelos y supuestos no verificables. En términos prácticos, la auditoría sostiene que no existe una base objetiva para extrapolar los resultados al conjunto de la población, por lo que la publicación de intención de voto basada en ese diseño se considera violatoria de la ley.
Irregularidades procesales detectadas
Además del debate metodológico, los documentos recogen problemas administrativos: entrega tardía de información al CNE, ausencia de acreditación de la política de retención del expediente técnico, inconsistencias en el nombre de un candidato y diferencias entre el orden de preguntas entregado y el aplicado en campo. Los auditores remarcan que AtlasIntel ya había recibido advertencias previas por incumplimientos, y que la reincidencia agrava la gravedad técnica e institucional del caso, por lo que proponen medidas cautelares o sancionatorias que podrían afectar su habilitación para publicar estudios electorales.
Impacto sobre la percepción pública y comparativa con otras mediciones
El estudio objetado, realizado entre el 25 y el 29 de abril con 4.037 participantes según la firma, arrojó resultados atípicos frente a otras encuestadoras: otorgó a Iván Cepeda un 38% en intención de voto para la primera vuelta, seguido por Abelardo de la Espriella con 29,9% y Paloma Valencia con 21,2%. Para la segunda vuelta, el sondeo mostró a De la Espriella superando a Cepeda, 47,8% frente a 42%. Estas cifras contrastan con mediciones de firmas como Guarumo, Ecoanalítica, GAD3, Noticias RCN e Invamer, que ubicaron a De la Espriella cerca del 20-21% en estudios recientes.
Reacciones y defensa del candidato
Ante la controversia, Abelardo de la Espriella defendió públicamente a AtlasIntel, calificando su trabajo como la única medición que «acertó» en contraste con otras encuestadoras a las que atribuye intenciones políticas. Esta postura intensificó el debate sobre la influencia de sondeos en la campaña y la responsabilidad de medios y consultoras al difundir cifras que pueden orientar la percepción ciudadana, especialmente cuando la validez técnica de esos estudios es cuestionada por autoridades regulatorias.
Consecuencias legales y estructura societaria
La filial colombiana de AtlasIntel opera como persona jurídica independiente desde un apartamento en Medellín, aunque comparte propietarios con la matriz internacional. Los auditores subrayan que, de confirmarse sanciones, la compañía matriz podría no responder por las acciones de la filial local. En el plano legal, la propuesta de suspensión busca evitar la continuidad de publicaciones incompatibles con la Ley 2494 de 2026, mientras que el proceso disciplinario podría derivar en sanciones administrativas que limiten la participación de la firma en futuros sondeos o encuestas electorales.
