Después de una ausencia de doce años, el club centenario Atlante vuelve a integrar la Liga MX. La manera en que alcanzó la máxima categoría no ha sido a través del triunfo deportivo tradicional, sino mediante la adquisición del cupo que quedó vacante cuando Mazatlán FC abandonó la competición. Este hecho ha reavivado el debate sobre la política de congelar el ascenso y descenso implementada por la autoridad del fútbol mexicano en 2020.

Desde su fundación, Atlante ha conseguido tres títulos en la segunda división, pero la decisión de suspender los movimientos entre ligas eliminó cualquier garantía de que esos logros se tradujeran en una plaza en la máxima categoría. El club, ahora bajo la dirección del empresario Emilio Escalante, pagó una cifra que los medios estiman en 65 millones de dólares para hacerse con el lugar que antes ocupaba Mazatlán, cuyo propietario, Ricardo Salinas Pliego, cedió el derecho al equipo azulgrana.

El mecanismo del cupo y sus implicaciones económicas

El concepto de cupo se ha convertido en un activo comercial dentro del fútbol mexicano. Cuando la Liga de Expansión sustituyó a la tradicional Liga de Ascenso, los puestos en la primera división dejaron de depender exclusivamente del rendimiento en la cancha. En lugar de ello, los derechos de participación pueden comprarse, vendarse o intercambiarse, creando un mercado donde el acceso a la máxima competición es un bien negociable.

Este modelo ha generado críticas porque concentra los ingresos y la exposición mediática en un número reducido de equipos, mientras que los clubes de menor presupuesto quedan atrapados en una trampa de estancamiento. Además, la reducción de la movilidad entre divisiones afecta a todo el ecosistema: patrocinadores, cadenas de televisión, proveedores de servicios y hasta los vendedores ambulantes que dependen del flujo de público los fines de semana.

La investigación de la Comisión Nacional Antimonopolio

En septiembre, la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) abrió una averiguación sobre supuestas prácticas monopólicas en el mercado del fútbol profesional. El organismo no ha revelado el alcance exacto de la pesquisa, pero ha señalado que está revisando denuncias de medios y aficionados que apuntan a posibles abusos de poder, lavado de dinero, deudas con jugadores y acuerdos colusorios que limitan la competencia.

El expediente define el mercado bajo escrutinio como «afiliación, organización y acceso a competiciones de fútbol profesional federado», lo que implica que el derecho a jugar en la Liga MX se considera un insumo esencial para los clubes. Según la firma de abogados Ecija, la ausencia de ascenso y descenso «puede generar efectos anticompetitivos» al impedir que nuevos agentes económicos entren al juego, reduciendo la presión competitiva y la innovación en el sector.

Ricardo Chacón López-Velarde, socio director de Ecija, advierte que el problema no solo afecta a los equipos que buscan ascender, sino también a patrocinadores, broadcasters y vendedores que pierden oportunidades de mercado cuando el dinamismo entre ligas se detiene. El estudio de la CNA indica que en 2024 la actividad alrededor de los estadios generó 52 000 millones de pesos, alrededor de 3 000 millones de dólares, una cifra que ilustra la magnitud del ecosistema.

Repercusiones para el deporte y el futuro del fútbol mexicano

Para los aficionados, la cuestión trasciende lo económico: una liga sin incentivos reales de ascenso tiende a perder intensidad competitiva, lo que se refleja en la calidad del espectáculo y, a la larga, en la fortaleza de la selección nacional. Como comenta Chacón, «si no avanzas, retrocedes»; la falta de competencia puede desvalorizar las franquicias y reducir el atractivo global del fútbol mexicano.

El precedente de 2020, cuando la autoridad transformó la Liga de Ascenso en la Liga de Expansión bajo la premisa de fortalecer la cantera, no ha cumplido con las expectativas. En lugar de fomentar el desarrollo, la medida ha alimentado la ira de los hinchas y ha sido señalada como una de las causas de la investigación actual.

Esta no es la primera vez que el fútbol mexicano enfrenta sanciones por prácticas anticompetitivas. En 2021, la antigua Comisión Federal de Competencia Económica multó a 17 de los 18 clubes de la Liga MX y a la Federación Mexicana de Fútbol con un total de 177,6 millones de pesos, por haber acordado un “pacto de caballeros” que limitaba salarios y restringía la libre contratación de jugadores.

Mientras la CNA avanza en su investigación, el sector deberá evaluar si el modelo vigente favorece realmente al deporte o si, por el contrario, perpetúa un sistema que privilegia a unos pocos en detrimento de la competencia y el desarrollo integral del fútbol mexicano.