La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado ha contratado de manera directa a la empresa Dozzer Construcción y Asesoría SA de CV para efectuar una revisión profunda de la Línea Z del Tren Interoceánico, tramo donde el 28 de diciembre de 2026 ocurrió un descarrilamiento que dejó 13 personas fallecidas y cerca de 100 lesionadas. El contrato, identificado como ATTRAPI/026-S/2026, asciende a 44,620,403 pesos (más de 44.6 millones) y estará vigente desde el 27 de febrero hasta el 27 de julio de 2026, según el expediente público.
El siniestro tuvo lugar entre las estaciones de Ixtepec y Chivela, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, y afectó la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, uno de los corredores prioritarios del proyecto. Desde entonces el servicio de pasajeros en ese tramo permanece suspendido y la nueva inspección se plantea como un paso técnico para contar con información que permita evaluar la seguridad operativa y decidir si procede la reactivación del tren.
Detalles del contrato y objetivo
El documento oficial señala que la adjudicación fue directa y motivada por el siniestro registrado el 28 de diciembre de 2026 a las 9:28 horas, con el fin de reunir elementos técnicos para la toma de decisiones relativas a la operación del servicio. La contratación obliga a la firma contratista a realizar una inspección integral del corredor y a entregar informes que respalden las determinaciones administrativas y operativas, con el propósito explícito de salvaguardar la seguridad de usuarias, usuarios y bienes nacionales.
Alcance técnico de la inspección
Listado de componentes
El alcance incluye una revisión detallada de los principales elementos de infraestructura: rieles y soldaduras, durmientes, balasto, aparatos de vía, sistemas de alineación y nivelación, alcantarillas, puentes, viaductos, túneles, terracerías, sistemas de drenaje, señalización ferroviaria, cruces a nivel y desnivel y derechos de vía. La revisión buscará detectar desgaste, corrosión, grietas y problemas de estabilidad que puedan comprometer la operación.
Métodos y entregables
Las tareas combinarán recorridos físicos a pie con análisis mediante equipo especializado, levantamientos topográficos, estudios y pruebas técnicas. La contratista deberá presentar evidencias fotográficas y audiovisuales, reportes intermedios y un informe final que contendrá recomendaciones y propuestas de intervención. Estos entregables servirán como base para decisiones técnicas sobre mantenimiento, restricciones de velocidad o reapertura del servicio de pasajeros.
Antecedentes, conclusiones oficiales y cuestionamientos
La FGR realizó más de 230 peritajes relacionados con el siniestro y concluyó que las vías y el material rodante cumplían la normativa vigente, por lo que descartó fallas estructurales en la infraestructura y atribuyó responsabilidad penal al maquinista, al conductor y al jefe de departamento operativo, quienes fueron vinculados a proceso por homicidio y lesiones culposas. No obstante, la decisión de contratar una nueva inspección técnica llega en un contexto de escepticismo público y periodístico.
Auditorías y gastos previos
Antes del accidente distintas auditorías de la Auditoría Superior de la Federación advirtieron posibles sobrecostos y compras de materiales de calidad cuestionable en obras vinculadas al proyecto; los expedientes citan, entre otros, los folios 263 DE, 418 DE, 101, 106, 129 y 118. Además, se informó que la Secretaría de Marina destinó más de 75 millones de pesos en obras dentro del tramo y otros 152 millones en asesorías operativas, hechos que han alimentado dudas sobre la ejecución y supervisión de las obras.
Impacto, custodias y pasos siguientes
La Línea Z, que conecta Salina Cruz con Coatzacoalcos, es pieza clave del corredor que busca unir el Pacífico con el Golfo de México; su operación tiene implicaciones logísticas y económicas en el Istmo de Tehuantepec. Mientras la Marina y la Guardia Nacional custodian la zona, la inspección contratada pretende ofrecer un diagnóstico técnico que permita definir rutas de acción: desde labores de mantenimiento y refuerzo, hasta ajustes operativos o medidas administrativas.
Conclusión
El estudio encargado por ATTRAPI será determinante para recuperar confianza y decidir si el servicio de pasajeros puede reanudarse en condiciones seguras. La expectativa pública incluye no solo la corrección de fallas técnicas, sino también mayor transparencia sobre gastos y decisiones previas, en respeto a las víctimas del 28 de diciembre de 2026 y en búsqueda de certidumbre para la comunidad usuaria.
