El gobierno argentino anunció la expulsión del principal representante diplomático de Irán en Buenos Aires: Mohsen Soltani Tehrani, quien actuaba como encargado de negocios interino, recibió la orden de abandonar el país en un plazo de 48 horas. La decisión fue comunicada por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, a través de una publicación en redes sociales, y se enmarca en una escalada verbal entre ambos países. El Ejecutivo describió la respuesta de Teherán como una injerencia inaceptable en asuntos internos y la calificó de ofensiva y falsa.
Desde Buenos Aires se hizo hincapié en que la medida no es gratuita: responde a un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán que, según la Cancillería argentina, contenía acusaciones sin fundamento. El gobierno enfatizó su compromiso con la memoria y la justicia, y reprochó la persistente falta de colaboración judicial por parte de Irán en investigaciones clave. En ese marco, la declaración oficial incluyó términos contundentes contra la actitud de Teherán y advirtió que no tolerará insultos ni obstrucción del proceso judicial.
Motivos oficiales detrás de la expulsión
La Cancillería argentina fundamentó la medida en varios puntos: primero, la respuesta diplomática iraní fue considerada una injerencia en decisiones adoptadas conforme al marco legal nacional e internacional; segundo, la falta de cooperación con el Poder Judicial en la investigación de atentados que marcaron la historia del país; y tercero, la preocupación por nombramientos en instituciones iraníes que, según Buenos Aires, incluyen a personas buscadas por la justicia. En su comunicado, el Ejecutivo reiteró que defenderá la integridad de sus instituciones y el avance de causas judiciales que permanecen abiertas.
Acusaciones y respuesta diplomática
El intercambio comenzó cuando el Gobierno iraní emitió un texto con señalamientos que la administración argentina consideró injuriosos. Frente a ello, la Cancillería respondió señalando que tales manifestaciones constituyen una intromisión y una desfiguración de hechos adoptados en conformidad con la ley. La calificación de persona non grata —un término del derecho diplomático— fue aplicada para retirar la protección diplomática al funcionario y exigir su salida inmediata, un recurso extremo dentro de la práctica internacional que busca preservar la soberanía y el orden público.
Cooperación judicial y órdenes internacionales
Otro eje central de la justificación oficial fue la alegada negativa de Irán a colaborar con la Justicia argentina en causas por atentados. Buenos Aires puso el acento en la existencia de órdenes de detención y pedidos de extradición que no han sido cumplidos, y destacó que eso obstaculiza la búsqueda de verdad y responsabilidad. Además, expresó alarma por el supuesto ascenso de personas requeridas por tribunales a posiciones de poder dentro de la Guardia Revolucionaria, hecho que para el Estado argentino agrava la situación.
Contexto histórico y judicial
Los antecedentes que explican la sensibilidad de Argentina respecto a Irán están ligados a dos atentados que dejaron marcas profundas: el 17 de marzo de 1992 una furgoneta cargada con explosivos impactó contra la embajada de Israel, provocando 22 víctimas fatales y más de 200 heridos; dos años después, un ataque al centro comunitario judío AMIA causó 85 muertos. Los tribunales argentinos han atribuido ambos atentados a Irán y, pese a décadas de investigación, esos casos aún no están resueltos, lo que mantiene la tensión diplomática y la demanda de cooperación internacional.
Designación del IRGC y repercusiones
En un movimiento que antecedió la expulsión, Buenos Aires declaró a la Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) como organización terrorista, una decisión anunciada hace dos días y que alinea a Argentina con posiciones de Estados Unidos e Israel. El mandatario Javier Milei respaldó esa postura y ha expresado apoyo activo a los aliados en el conflicto en Medio Oriente. Para la Casa Rosada, esa definición fue parte de una estrategia más amplia para presionar por compromisos judiciales y políticos de Irán.
Implicaciones y posibles consecuencias
La expulsión del encargado de negocios aumentará la fricción diplomática y podría llevar a medidas recíprocas desde Irán, aunque también abre un espacio para negociaciones bajo mediación internacional. La orden de salida en 48 horas y la comunicación pública del ministro Pablo Quirno señalan la voluntad del Estado argentino de proteger sus procesos judiciales y su narrativa de defensa de la memoria. En su declaración final, el Gobierno reafirmó su compromiso con la memoria, la justicia y la lucha contra el terrorismo, así como el respeto a la normativa internacional, dejando claro que mantendrá firme su posición frente a cualquier intento de interferencia.
