En un desarrollo significativo en el caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) ha detenido al ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero por su presunta participación en la destrucción de evidencias clave. Esta detención se produce casi 12 años después de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos anunció que dos testigos protegidos han confirmado la existencia de grabaciones de seguridad que fueron destruidas. Según los testimonios, Aguirre Rivero ordenó la destrucción de estas grabaciones en una reunión con altos mandos de su gobierno. Las grabaciones mostraban el momento en que el autobús Estrella de Oro número 1531, en el que viajaban los normalistas, fue detenido por policías municipales y estatales frente al Palacio de Justicia del Estado en Iguala.

La operación dolosa y deliberada

Godoy Ramos afirmó que la FGR cuenta con pruebas que demuestran que la orden de ocultar las grabaciones fue dada directamente por Aguirre Rivero, con la participación de servidores públicos de alto nivel. Lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal declaró la fiscal.

Ángel Aguirre Rivero llegó a la gubernatura en 2011 bajo las siglas del PRD pero no concluyó su periodo debido a su renuncia un mes después de los hechos ocurridos en Iguala. En 2026, Alejandro Encinas entonces presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, lo señaló como uno de los responsables de implementar la llamada verdad histórica una narrativa fabricada por el gobierno de Enrique Peña Nieto para cerrar el caso, la cual fue desmentida por datos forenses y revelaciones de siembra de evidencias por parte de Tomás Zerón exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, quien actualmente se encuentra prófugo en Israel.

Las dificultades en la investigación

La detención de Aguirre Rivero abre una nueva esperanza en un caso que ha estado estancado por una serie de dificultades. En los primeros días tras la desaparición de los jóvenes, las autoridades federales se resistieron a reconocer los hechos y a ordenar una investigación, lo que permitió a los autores materiales cubrir sus actos. Cuando la extinta Procuraduría General de la República (PGR) finalmente atrajo el caso, su interés parecía estar más en limitar los daños políticos que en resolver el caso.

La negligencia y la mala praxis de las autoridades sabotearon la investigación de varias maneras. Por ejemplo, las torturas contra varios acusados fueron consideradas motivo para ponerlos en libertad. La entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia de GuerreroLambertina Galeana Marín está detenida por destrucción de evidencias. Además, los testimonios de los sicarios y cabecillas detenidos chocan entre sí, culpándose unos a otros. Hasta ahora, no se dispone de evidencia documental suficiente que permita superar esta situación.

En los casi 12 años transcurridos desde la tragedia, han muerto más de 20 presuntos implicados, incluido uno de los líderes máximos del grupo criminal Guerreros Unidos principal responsable de la desaparición de los normalistas.

Las preguntas clave

En estos momentos, las principales preguntas que deben responderse son a quiénes y por qué estaba encubriendo el ex gobernador Aguirre cuando ordenó destruir las grabaciones. Las respuestas a estas cuestiones podrían echar luz sobre las personas que ordenaron y perpetraron la desaparición de los jóvenes y conducir al esclarecimiento de su paradero, demanda central de los familiares y de la sociedad mexicana.

Esta detención es un paso crucial en la búsqueda de justicia para los 43 normalistas desaparecidos. La esperanza es que las nuevas pruebas y testimonios puedan finalmente llevar a la verdad y al cierre de este doloroso capítulo en la historia de México.