El 20/04/2026 el debate sobre la seguridad de la campaña presidencial volvió a tomar fuerza tras declaraciones del presidente Gustavo Petro que apuntaron a la existencia de un plan para asesinar al senador y candidato Iván Cepeda. Según el Ejecutivo, la alerta habría sido conocida por agencias internacionales, incluida la CIA, lo que provocó reacciones inmediatas en Bogotá y en Washington, y encendió una discusión pública sobre la veracidad y el origen de la información.
En paralelo, el gobierno anunció medidas urgentes de protección y ofreció recompensas por datos que permitan identificar a los responsables de amenazas políticas. Esta situación ocurre nueve meses después del magnicidio del senador Miguel Uribe, un hecho que amplificó la preocupación por la seguridad electoral y que explica en parte la sensibilidad con la que se reciben alertas de riesgo.
Contradicciones entre declaraciones y respuestas internacionales
Tras la afirmación del presidente Petro de que la CIA habría recibido información sobre el supuesto atentado, el senador estadounidense Bernie Moreno negó rotundamente que esa agencia tenga conocimiento confirmado del plan. Moreno aseguró que, según la información disponible en el Congreso de Estados Unidos, no existen reportes que respalden la versión divulgada por el gobierno colombiano y subrayó que el señor Iván Cepeda habría sido informado al respecto. Estas discrepancias colocaron en el centro del debate la comunicación entre los servicios de inteligencia y las fuentes que alimentan las alertas.
Posicionamiento de las autoridades colombianas
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmaron que en el Consejo de Seguridad se presentaron datos relativos a amenazas contra candidatos, aunque explicaron que la información está en proceso de verificación. Benedetti detalló que las agencias de inteligencia nacionales alimentan la comisión encargada y que algunas alertas habrían sido elevadas a instancias internacionales. El ministro insistió en que los protocolos de protección están activados dentro del Plan Democracia para mitigar cualquier riesgo.
Medidas de protección y despliegue operativo
Ante las denuncias y alertas, las autoridades anunciaron un refuerzo de los esquemas de seguridad de los aspirantes. El gobierno ofreció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que conduzca a los responsables de amenazas a figuras políticas. Además, el ministro del Interior explicó que los esquemas más robustos pueden movilizar más de 30 personas, varios vehículos blindados y, en traslados intermunicipales, hasta 40 o 50 agentes adicionales, lo que implica un costo elevado para el Estado.
Costo y logística de los esquemas
En la práctica, cada protección intensiva puede costar entre 400 y 500 millones de pesos según cifras del Gobierno, sin incluir ciertos gastos adicionales de organismos como la Policía. Las autoridades admiten que, a pesar del despliegue, la seguridad nunca es absoluta y reconocen la insatisfacción de candidatos y equipos por la percepción de vulnerabilidad. No obstante, las instituciones sostienen que se han distribuido recursos y capacidades para mitigar riesgos durante el periodo electoral.
Actores señalados y verificación de inteligencia
Dentro de las exposiciones del Consejo de Seguridad se mencionaron amenazas atribuidas a grupos como la denominada Junta del Narcotráfico, el ELN y las disidencias de ‘Mordisco’. Es importante precisar que la existencia de la llamada Junta del Narcotráfico ha sido desmentida por la Policía y la Fiscalía, lo que obliga a un trabajo riguroso de corroboración de las fuentes. Las autoridades señalaron que la información circuló por canales de inteligencia locales y que parte de ella pudo haber sido transmitida a agencias externas para su evaluación.
Mientras tanto, el reclamo de Estados Unidos por confirmar o descartar datos se tradujo en declaraciones de actores políticos que negaron conocimiento formal de la amenaza desde agencias norteamericanas. Aun así, el Gobierno colombiano insistió en mantener activados los protocolos de protección para todos los candidatos, ante la persistencia de denuncias de amenazas personales, incluida la que ha formulado el propio Iván Cepeda. La situación continúa en verificación y mantiene en alerta tanto a autoridades como a la opinión pública.
