En la última semana surgió una controversia que enfrentó a medios y actores políticos alrededor del llamado Proyecto Júpiter. Un trabajo de Revista Raya, difundido por RTVC y Señal Colombia el domingo 19 de abril, señaló la existencia de una estrategia liderada por Jaime Bermúdez destinada a influir en la opinión y el voto mediante talleres en empresas y producción de contenido en redes. Esa denuncia incluyó audios, diapositivas y grabaciones de charlas que, según los divulgadores, vinculaban a La Silla Vacía como una de las agencias aliadas del plan.
La reacción de La Silla Vacía fue inmediata: negó cualquier alianza con Proyecto Júpiter y entregó documentación para respaldar su versión. El medio explicó que sí tiene contratos con ProBogotá para producir una serie periodística y vender licencias de su curso El ABC de la Democracia, y dijo haber puesto a disposición esos materiales para que cualquiera los verifique. A partir de estas acusaciones, también surgieron advertencias del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, sobre la posible existencia de un mecanismo de constreñimiento electoral hacia trabajadores.
Acusaciones y elementos que presentó Revista Raya
Revista Raya difundió un dossier que, según su relato, incluye fotos, videos, audios y diapositivas donde se describe una operación de alcance masivo. La denuncia sostiene que el proyecto ha ofrecido talleres democráticos en empresas privadas y ha producido materiales digitales dirigidos a generar miedo, indignación e incertidumbre entre los votantes. En una grabación citada por el programa, Jaime Bermúdez menciona —siempre según la denuncia— agencias digitales como Liberbank y La Silla Vacía, y aporta cifras sobre el impacto en empleados en varias compañías.
Registros y testimonios
Entre las piezas difundidas aparece una charla realizada en Cali el 3 de marzo dirigida a empresarios del sector de infraestructura, celebrada pocos días antes de las elecciones al Congreso y las consultas presidenciales. Revista Raya afirmó que esa presentación tenía un tono de deslegitimación contra el Gobierno y que forma parte de una operación articulada para incidir en la agenda política y empresarial. Además, el programa citó que ya se habría llegado a unos 40.000 trabajadores con las actividades organizadas bajo la etiqueta del proyecto.
Respuesta de La Silla Vacía y la documentación entregada
La Silla Vacía contestó la versión pública de Revista Raya afirmando que la asociación con Proyecto Júpiter es falsa. El medio explicó que su relación con ProBogotá incluye dos contratos concretos: la producción de la serie audiovisual ¿Cómo llegamos aquí? y la comercialización de licencias del curso El ABC de la Democracia. Según la redacción, ProBogotá activó 10.480 licencias hasta la fecha y La Silla recibió 24 millones de pesos por los cursos vendidos, cifras que ofreció como prueba de transparencia y legalidad.
Contratos, cursos y transparencia
La Silla difundió copias de los contratos y facilitó el acceso a su curso para que se evaluara el contenido. El medio defendió que El ABC de la Democracia es un material pedagógico que explica la separación de poderes, el funcionamiento del Congreso y herramientas para detectar desinformación, y que no constituye proselitismo. Además, acusó a Revista Raya y a RTVC de no contrastar información clave que les fue entregada antes de la emisión, y lamentó el uso de recursos públicos para difundir lo que consideran una campaña de desprestigio.
Implicaciones políticas y laborales
El choque de versiones abrió un debate más amplio: por un lado, la denuncia alerta sobre prácticas que podrían ejercer presión sobre trabajadores en contextos electorales, y por otro, la réplica subraya la necesidad de distinguir entre educación cívica y actividades proselitistas. El ministro Antonio Sanguino señaló la posibilidad de constreñimiento, mientras que la dirección de La Silla defendió el carácter independiente de su financiación, que según ellos proviene de cooperación internacional, acuerdos de verificación con plataformas y patrocinios puntuales.
Qué queda pendiente
Quedan por esclarecer varios puntos: la verificación independiente de los audios y las diapositivas, la identificación del alcance real de las capacitaciones en empresas, y el análisis sobre si el contenido difundido perseguía una finalidad electoral concreta. Además, la controversia vuelve a colocar sobre la mesa preguntas sobre la responsabilidad de los medios públicos y privados al informar sobre campañas y sobre la protección de los trabajadores frente a posibles presiones.
