Estados Unidos y Venezuela firmaron el 28 de agosto de 2026 en Caracas un acuerdo que otorga control mayoritario a empresas vinculadas a EEUU sobre 17 yacimientos petroleros venezolanos.
El pacto reunió a delegaciones lideradas por Marco Rubio por la parte estadounidense y por Delcy Rodríguez por la parte venezolana, y buscó abrir la puerta a inversiones privadas y a la modernización de campos ubicados principalmente en la Faja del Orinoco. Ultimo aggiornamento: 29 agosto 2026.
Negociadores y participantes en Caracas
Las conversaciones se concretaron con la presencia de delegados de alto nivel: por Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio y otros funcionarios; por Venezuela, la presidenta interina Delcy Rodríguez y representantes del sector petrolero. El acuerdo incluyó la participación de empresas privadas que asumirán la operación y desarrollo de 17 campos estratégicos. Las partes negociaron en Caracas los términos operativos, las inversiones comprometidas y la distribución de tributos que, según voceros oficiales, implicaría una rápida inyección de capital para la industria nacional.
Alcance técnico y cifras de reservas
El pacto abarcó campos que suman, según los documentos oficiales presentados por las delegaciones, más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas asignadas al control estadounidense, cifra que representa aproximadamente el 21 por ciento de las reservas totales de Venezuela estimadas en 303.000 millones de barriles por la Administración de Información Energética. En fases previas de negociación se había señalado que los yacimientos en cuestión contenían cerca de 90.000 millones de barriles, equivalente a cerca del 30% de las reservas probadas, dato que fue ajustado en la versión final del acuerdo a la cifra mencionada más arriba para los campos bajo control directo.
Impacto en importaciones y mercado
Las importaciones de crudo venezolano hacia Estados Unidos habían mostrado variaciones recientes: alcanzaron 743.000 barriles diarios a comienzos de mes, descendieron a 730.000 barriles diarios una semana después y se situaron en 662.000 barriles diarios en la semana terminada el 21 de agosto, reflejando movimientos significativos en flujos comerciales previos al acuerdo. El pacto fue presentado como un mecanismo para garantizar suministros adicionales a las refinerías estadounidenses y para estabilizar la disponibilidad de crudo en un contexto global de tensiones energéticas.
Términos financieros, inversiones y cargas fiscales
Los detalles económicos incluyeron compromisos de inversión por más de US$100.000 millones para el desarrollo y modernización de infraestructura en los 17 yacimientos, según comunicados oficiales de las partes. Se indicó además la expectativa de generar más de US$209.000 millones en tributos para el Estado venezolano durante el horizonte de explotación acordado. Por su parte, representantes estadounidenses describieron el acuerdo como una operación que no implicaría costo neto para los contribuyentes de EEUU y que respaldaría la entrada de capital privado y la creación de empleos especializados en la industria petrolera.
El documento final negoció la distribución de la producción y la gobernanza operativa de los campos, con cláusulas para transferencia de tecnología, etapas de inversión y metas de incremento de producción. Las cifras sobre producción actual de Venezuela, que rondaba cerca de 1,25 millones de barriles por día en el momento del acuerdo, sirvieron de referencia para proyectar los incrementos esperados con la inyección de capital y asistencia técnica.
Desde principios de 2026 se produjeron cambios relevantes en la relación bilateral, incluyendo acciones en el plano político como la captura y traslado de figuras relevantes que fueron mencionadas como contexto en las negociaciones; ese contexto antecedió y condicionó las negociaciones que culminaron en el acuerdo del 28 de agosto.
Las partes comunicaron que seguirán definiendo detalles operativos y calendarios de implementación en reuniones técnicas posteriores, sin una fecha pública única para el inicio pleno de las labores en todos los yacimientos, mientras persisten negociaciones sobre modalidades de inversión y supervisión estatal.
