La difusión de una grabación en la que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aparece junto al gobernador de Texas, Greg Abbott, firmando un acuerdo de seguridad fronteriza puso de nuevo sobre la mesa la discusión sobre competencias y soberanía. En el material se detallan aportes económicos y operativos —incluido el despliegue de drones— y se hace referencia a la implementación de la Plataforma Centinela. El documento, presentado como memorándum, habría sido suscrito desde abril de 2026 y ahora funge como elemento relevante en la investigación que la FGR lleva a cabo; la gobernadora fue citada a comparecer como testigo el 27 de mayo.
El video circuló con declaraciones contundentes de Abbott, quien describe la situación migratoria en la frontera como crítica y presenta a Chihuahua como un socio estratégico. En la grabación se anuncia una inversión superior a 200 millones de dólares destinada a tecnología de vigilancia y control de cruces, la reubicación de funciones de la Secretaría de Seguridad Pública estatal en El Paso y medidas concretas a lo largo del Río Bravo. Estas promesas han generado cuestionamientos sobre si un gobierno estatal puede acordar con una autoridad extranjera acciones en materia de migración y seguridad, competencias que la Constitución reserva al ámbito federal.
Contenido y compromisos del acuerdo
En el encuentro, la mandataria describió que aplicaría en Ciudad Juárez el mismo modelo de seguridad que implementó como alcaldesa, y se comprometió a destinar fondos y logística para priorizar la vigilancia fronteriza. Entre los puntos más sensibles está el uso de la Plataforma Centinela, definida en el video como un sistema para el rastreo de transporte desde parques industriales hasta la frontera, y el despliegue de drones para patrullaje a lo largo del Río Bravo. Abbott, además, anunció una especie de trato preferencial: mientras otros estados continuaran negociando, Texas mantendría inspecciones más rigurosas a camiones mexicanos, eximiendo —según el propio gobernador— a Chihuahua y Nuevo León.
Detalles técnicos y logísticos
Los compromisos incluyen la adquisición de equipo de alta tecnología, sistemas de monitoreo vehicular y la posible instalación de operaciones de vigilancia en un piso de la denominada Torre Centinela. El gobierno estatal habría ofrecido ese espacio para que agencias estadounidenses supervisaran cruces de carga hacia Texas. Maru Campos ha reconocido reuniones con personal de Estados Unidos en Ciudad Juárez y negó la intervención de la CIA, señalando que participaron representantes del Departamento de Estado, Homeland Security, FBI y DEA. Estas precisiones no han disipado las dudas sobre la naturaleza y el alcance del intercambio de información.
Reacciones, marco legal y la investigación
La respuesta desde la esfera federal fue inmediata: la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que los estados no cuentan con facultades para firmar acuerdos de seguridad con gobiernos extranjeros. Jurídicamente se señala que la materia corresponde al Estado mexicano a través del gobierno federal, y la existencia de un memorándum con compromisos en migración y combate al narcotráfico se interpreta como una potencial extralimitación. El senador Javier Corral calificó los actos como un “entreguismo” y advirtió sobre el manejo al margen de la Constitución de información sensible.
La actuación de la FGR
Agentes federales entregaron a la gobernadora el citatorio para declarar ante la FGR en Ciudad Juárez el 27 de mayo; Campos confirmó que acudirá. La investigación se vincula, además, a un operativo antidrogas en la Sierra de Chihuahua en el que habría participación de agencias estadounidenses. Las autoridades federales observan ahora la grabación y el memorándum no solo como un hecho mediático, sino como una pieza documentada que puede aportar luces sobre la cooperación transfronteriza y la eventual presencia de personal extranjero en operaciones realizadas en territorio nacional.
Impacto político y próximos pasos
Más allá de las implicaciones legales, el episodio ha encendido el debate político: hay quienes sostienen que la medida respondió a una urgencia económica y de seguridad en la frontera; otros la ven como una cesión de competencias. En lo inmediato, la comparecencia ante la FGR y el análisis del memorándum determinarán si existen responsabilidades administrativas o penales, o si se trata de acuerdos de cooperación que deben redefinirse bajo la coordinación del gobierno federal. Mientras tanto, el video seguirá siendo una pieza central para comprender una relación bilateral que, para muchos, nunca debió firmarse al margen del marco constitucional.
