En abril de 2026 estalló una polémica que puso en el centro a La Silla Vacía, su directora y la presunta vinculación con el denominado Proyecto Júpiter. Los hechos, reconstruidos a partir de entrevistas y documentos, muestran contratos intermediados por el exministro y estratega Jaime Bermúdez con la entidad ProBogotá, además de piezas audiovisuales y cursos dirigidos a empleados de grandes empresas. La discusión combinó negaciones públicas, rectificaciones y la aparición de contratos que aluden explícitamente a un propósito orientado al debate de la campaña presidencial.
Los intercambios entre la dirección del medio, entrevistas radiales y correos electrónicos generaron cuatro versiones distintas sobre la naturaleza y alcance de la relación con el Proyecto Júpiter. Mientras algunas respuestas negaban vínculo alguno, documentos aportados en la defensa del medio incluyen un «Acuerdo de colaboración» que menciona expresamente «el Proyecto» y la intención de contribuir al conocimiento ciudadano sobre las crisis que dominarán la campaña presidencial, hecho que despertó cuestionamientos sobre independencia editorial y posibles riesgos legales por constreñimiento electoral.
Contratos, montos y contenidos
Los papeles entregados por la dirección del medio detallan dos contratos con ProBogotá que, sumados, ascienden a 164 millones de pesos. Uno de esos contratos, por 140 millones de pesos, financió una serie audiovisual titulada «¿Cómo llegamos aquí?» que abordó —según el propio medio— las crisis sociales, políticas y económicas que enfrentará el próximo presidente. El otro contrato, por 24 millones de pesos, correspondería a licencias o talleres sobre el «ABC de la Democracia», un producto formativo que La Silla Vacía ofrece a empresas. Ambos documentos, sin embargo, mencionan que los contenidos se enmarcan en un debate público vinculado a la campaña presidencial, lo cual alimentó la controversia sobre la intención real de esos materiales.
La red de intermediación
En las comunicaciones públicas, Jaime Bermúdez reconoció haber conectado a La Silla Vacía con ProBogotá como parte de su iniciativa. En audios y reuniones privadas, Bermúdez describió cómo agencias y medios asociados al proyecto permitían escalar mensajes dentro de empresas, mencionando el alcance de talleres a cientos de empleados por compañía. Ese relato encendió las alarmas porque describe una logística pensada para alcanzar masa crítica dentro de corporaciones, a la vez que, según expertos en comunicación citados en la investigación, busca movilizar emociones como el miedo, la indignación y la incertidumbre para modelar la conversación pública.
Las versiones públicas de la directora
La directora de La Silla Vacía, Juanita León, ofreció a lo largo de varios días explicaciones que fueron cambiando. El sábado 18 de abril de 2026 negó inicialmente cualquier relación con el Proyecto Júpiter. Horas más tarde admitió que dos contratos con ProBogotá se habían firmado tras la intermediación de Bermúdez y aportó los documentos. En entrevistas posteriores dijo que uno de los acuerdos correspondía a talleres adquiridos por empresas y aseguró que esos cursos no mencionaban candidaturas ni tenían carácter proselitista. Finalmente, en otra intervención radial volvió a matizar su postura y atribuyó las críticas a una campaña de desprestigio contra el medio.
Contradicciones y documentación
La contradicción entre las declaraciones y el contenido de los contratos es el núcleo del debate. El «Acuerdo de colaboración» fechado el 1 de julio de 2026, citado en los documentos, incluye cláusulas que hablan de fortalecer el conocimiento ciudadano sobre las causas y consecuencias de las principales crisis para que la ciudadanía tenga elementos para su propio criterio en medio del debate que «inevitablemente dominará la campaña presidencial«. Esa referencia directa a la campaña es la que ha llevado a expertos y autoridades a pedir investigación sobre si las actividades podrían constituir una forma de coerción electoral o incidencia indebida en contextos laborales.
Reacciones institucionales y posibles consecuencias
Ante la controversia, el Ministerio de Trabajo anunció que profundizará en las denuncias porque las actividades promovidas por el Proyecto Júpiter podrían rozar el delito de constreñimiento electoral si se demuestran presiones o inducción en espacios laborales. Además, en redes y medios se pidió a La Silla Vacía claridad sobre la separación entre labores periodísticas y contratos por prestación de servicios que tengan fines de influencia. Se ha mencionado, en las indagaciones periodísticas, a la candidata Paloma Valencia como posible beneficiaria indirecta del proyecto, aunque hasta ahora no hay pronunciamientos oficiales de su campaña.
La investigación pública, encabezada por equipos periodísticos como Señal Investigativa y Revista RAYA, subraya la necesidad de transparencia en los vínculos entre medios, consultores y empresas cuando existe una eventual relación con campañas políticas. Más allá de las versiones cambiantes, los documentos y las declaraciones de los involucrados abren un debate sobre la ética comunicacional, la responsabilidad editorial y las líneas que separan la pedagogía cívica de la acción estratégica con fines electorales.
