La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, elegida el 25 de mayo de 2026, ha vivido un año de profundos cambios. Con una mayoría chavista, pero bajo el tutelaje de la administración de Donald Trump el Parlamento ha visto alterado su curso habitual. La intervención militar de EEUU el 3 de enero de 2026, que llevó a la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores marcó un antes y después en la dinámica política del país.
Desde entonces, la AN ha tenido que adaptarse a un nuevo escenario, donde las leyes económicas y la cooperación con EEUU han sido prioritarias. Sin embargo, no todo ha sido fácil. La pérdida de poder político del Parlamento y las críticas a las leyes aprobadas han sido temas recurrentes.
Un Parlamento bajo nueva administración
El 5 de enero de 2026, la AN se instaló con una nueva gobernante: Delcy Rodríguez juramentada como presidenta encargada por su hermano. Diez días después, presentó su mensaje anual a la nación, anunciando varias leyes económicas. Sin embargo, abogados constitucionalistas señalaron que el Parlamento debió declarar la falta absoluta de Maduro y llamar a elecciones en 30 días.
La primera ley aprobada fue la Reforma Parcial de la Ley de Hidrocarburos necesaria para el acuerdo energético entre Venezuela y EEUU. Expertos calificaron este hecho como el desmontaje de la nacionalización petrolera emprendida por el expresidente Hugo Chávez. Otras leyes aprobadas incluyen la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos y la Ley Orgánica para la Aceleración y Optimización de los Trámites y Procedimientos Administrativos.
Leyes para la cooperación económica
La Ley Orgánica de Minas sancionada el 9 de abril de 2026, fue otra de las leyes vitales para la cooperación económica con EEUU. Su aprobación por unanimidad fue celebrada por el secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum quien alabó la reforma por crear oportunidades para las empresas internacionales.
Otra ley importante fue la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación relacionada con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Esta ley fue aprobada el 27 de enero de 2026.
Críticas y desafíos
La Ley de Amnistía sancionada el 19 de febrero de 2026, generó muchas expectativas. Sin embargo, ONG defensoras de derechos humanos denunciaron selectividad y exclusiones en su aplicación. Reportaron que entre 400 y 600 presos políticos no se beneficiaron de la normativa.
La diputada del Grupo LibertadAmelia Belisario criticó la mora en la sustanciación de proyectos que el país requiere. Señaló la urgencia de resolver temas económicos asfixiantes como la devaluación del salario, las excesivas cargas fiscales y el vertiginoso costo de la vida.
El politólogo Enderson Sequera destacó el viraje de Jorge Rodríguez presidente de la AN, quien pasó de encendidos discursos contra la oposición a tratar de controlar los ánimos de los diputados del chavismo. Sequera señaló que el chavismo sabe que todavía puede correr la suerte de Maduro y Flores, por lo que esta negociación es diferente a las anteriores.
Las negociaciones de una transición a la democracia en Venezuela continúan, y todo dependerá de los acuerdos alcanzados y de la influencia política que termine de desaparecer o retomarse.
