La llegada al poder de Javier Milei se vendió como un proyecto para achicar el aparato estatal y devolver libertades a los ciudadanos. Sin embargo, en el terreno de la seguridad pública la administración ha ampliado capacidades represivas bajo la bandera de la tolerancia cero. Esta estrategia, que prioriza detenciones, decomisos y sanciones más duras, entra en conflicto con el núcleo del pensamiento libertario, que suele desconfiar de la expansión de la coerción estatal. La tensión entre una retórica de menor intervención económica y un aumento de la presencia policial crea una paradoja política y práctica cuyo impacto exige un examen detenido.
La lógica estructural de la prohibición
Para entender por qué las medidas punitivas no logran su objetivo basta con repasar la dinámica básica de la prohibición. Cuando la demanda por bienes o servicios persiste y la oferta se restringe, surge una brecha que genera incentivos económicos significativos. En términos sencillos, la prohibición convierte la escasez en oportunidad de ganancia, atrayendo actores que organizan cadenas de suministro ilícitas. La presión coercitiva no elimina esa lógica: la represión modifica precios, estructura e incentivos, pero rara vez extingue la demanda ni desactiva los beneficios que motivan la actividad criminal.
Resultados en el terreno: desplazamiento y adaptación
Las primeras operaciones de seguridad han producido resultados mixtos: en algunos distritos la violencia mostró descensos temporales, mientras que en otros se observó un aumento o desplazamiento de la actividad delictiva. Ese patrón refleja cómo los mercados ilícitos se reconfiguran ante presión estatal, fragmentándose en redes más flexibles y móviles. La consecuencia no es una erradicación homogénea, sino una redistribución geográfica y organizativa de los problemas. En ese proceso emergen nuevas formas de operación: proveedores descentralizados, logísticas más opacas y actores dispuestos a diversificar sus actividades para reducir vulnerabilidad frente a la represión.
Reconfiguración del crimen y resiliencia organizativa
Con el tiempo, las estructuras criminales tienden a evolucionar desde modelos jerárquicos hacia arreglos en red que toleran mejor la presión estatal. Ese fenómeno explica por qué los golpes operativos —arrestos masivos, incautaciones— raramente desarticulan por completo las cadenas ilícitas: las organizaciones se fragmentan, se mueven y adoptan métodos menos concentrados. En lenguaje técnico, la resiliencia organizativa permite la continuidad funcional pese a pérdidas puntuales. La expansión del aparato policial, en consecuencia, puede cambiar la forma del delito sin eliminar su presencia, y a menudo obliga a las fuerzas a perseguir múltiples focos en simultáneo.
Costo político y permeabilidad institucional
Más allá de los efectos operativos, la intensificación de la lucha contra el delito tiene consecuencias políticas claras. Los flujos de capital ilícito generados por mercados prohibidos tienden a buscar influencia dentro de las instituciones formales, creando riesgos de captura o complicidad. Casos y señalamientos en torno a figuras vinculadas al espacio político libertario, como las menciones a José Luis Espert, han encendido debates sobre la permeabilidad del sistema político frente a esos incentivos. La existencia de esas presiones no implica culpabilidad automática, pero sí subraya una tensión estructural entre la ética pública y los recursos que circulan en la clandestinidad.
¿Es compatible la reducción del Estado con la expansión coercitiva?
La pregunta central es si un proyecto que se define por su rechazo a la intervención puede sostener simultáneamente una política de mano dura. Algunos observadores libertarios, como Nicolás Morás, han señalado que las políticas prohibicionistas tienden a reproducir los mercados que intentan suprimir, lo que cuestiona su congruencia con una limitación real del poder estatal. En América Latina se repite un patrón: la tolerancia cero estabiliza parcialmente ciertas zonas mientras agudiza el problema en otras y, en última instancia, fortalece la necesidad de un Estado selectivamente interventor. Esa selectividad redefine la naturaleza del poder público: no menos Estado, sino Estado diferente.
La conclusión provisional es que la combinación de un discurso anti Estado en lo económico con una mayor coerción en lo penal constituye una contradicción que puede volverse definitoria. Si la administración persiste en expandir funciones represivas para garantizar seguridad, el resultado será un Estado menos omnipresente en regulación económica pero más potente en control y sanción. Ese giro plantea dilemas sobre límites legítimos del uso de la fuerza y la coherencia ideológica del proyecto político. Este texto fue escrito por Guadalupe Correa-Cabrera, profesora y codirectora del Corruption, Networks and Transnational Crime Research Center (CONTRA) en George Mason University.
