En la sesión del 31 de marzo de 2026 la Junta Directiva del Banco de la República votó por un alza de 100 puntos básicos, elevando la tasa de interés de 10,25% a 11,25%. Esa decisión desató una ruptura pública entre el titular del Ministerio de Hacienda, Germán Ávila, y la dirección del banco central, encabezada por el gerente general Leonardo Villar. El ministro calificó la medida de imprudente y optó por ausentarse de futuras sesiones como gesto de protesta, mientras que la gerencia del banco enfatizó la obligación constitucional de participación del ministro y la importancia de mantener la autonomía en materia monetaria.
El choque no se limitó a gestos: el Gobierno Petro anunció la intención de revisar el mecanismo por el cual se definen las tasas, y planteó la necesidad de una reforma constitucional para modificar reglas que hoy protegen la estructura de votación y la conformación de la Junta Directiva. Desde la vereda del banco, Villar recordó el rol de la institución en contener la inflación y defendió que la política monetaria ha sido clave para estabilizar precios. El episodio abrió un debate sobre prioridades: estimular la actividad económica o anclar las expectativas de inflación.
El choque en la junta directiva
La tensión culminó cuando cuatro codirectores votaron a favor del incremento y el ministro Ávila decidió abandonar la sala, convocando simultáneamente una rueda de prensa para criticar la decisión. El gesto puso sobre la mesa la fricción entre la visión del Gobierno y la interpretación técnica del banco. Según el gerente, la sesión respetó los requisitos formales: el quórum mínimo de cinco de siete miembros para sesionar y la presencia, cuando proceda, del ministro de Hacienda. Sin embargo, la polémica política rodeó el anuncio y generó preguntas sobre la capacidad de diálogo entre el Ejecutivo y el Emisor en un contexto de presiones inflacionarias.
Propuesta del Gobierno Petro para cambiar el esquema
Frente a la decisión, el Gobierno planteó abrir un debate público y jurídico para revisar cómo se determinan las tasas. La propuesta oficial busca alterar el marco que rige la conformación de la Junta Directiva y las reglas de votación, alegando que un nuevo sistema favorecería el crecimiento y la actividad económica. Para llevar adelante esos cambios, el Ejecutivo considera necesaria una reforma constitucional que modifique las protecciones actuales. Desde el Ministerio se argumenta que las decisiones monetarias deben estar más alineadas con políticas de impulso económico, mientras que el banco advierte sobre riesgos de intervencionismo.
Qué cambiaría en la toma de decisiones
Entre las medidas sobre la mesa figuran modificaciones en la composición de miembros, la ponderación de votos y posibles instrumentos de coordinación con la política fiscal. La discusión apunta a equilibrar la búsqueda de crecimiento con la responsabilidad de controlar la inflación, que en enero y febrero mostró cifras superiores a la meta, con 5,4% y 5,3% respectivamente, y un cierre de 5,29% en febrero de 2026 según el Dane. El banco insiste en que mantener una regla de autonomía garantiza credibilidad y evita la degradación de expectativas inflacionarias, mientras el Gobierno reclama mayor margen para priorizar el empleo y la inversión.
Panorama macroeconómico y cifras clave
La decisión del 31 de marzo debe entenderse en el contexto de una inflación que permaneció por encima de la meta oficial en los primeros meses del año. La tasa de política llega a 11,25%, un nivel no visto desde octubre de 2026 cuando se situó en 11%, y lejos del pico de 13,25% alcanzado en mayo de 2026. En los años recientes las tasas han mostrado variaciones significativas: entre 2026 y 2026 oscilaron entre 1,75% y 6%, aunque en episodios anteriores como 2007-2008 o 2001 registraron niveles mucho más altos. Esos antecedentes alimentan la discusión sobre el costo de contener la inflación mediante subidas sucesivas de la tasa de interés.
Evolución histórica y riesgos
El historial de la política monetaria expone dilemas recurrentes: el ajuste de tasas sirve para anclar expectativas y frenar precios, pero también puede enfriar la actividad económica y encarecer el crédito. Las subidas recientes respondieron a presiones inflacionarias y a la necesidad de mantener la credibilidad del Banco de la República. En este escenario, los argumentos contrapuestos del ministro Ávila y del gerente Villar resumen una tensión clásica entre prioridades macroeconómicas: ¿priorizar el crecimiento o la estabilidad de precios? La respuesta, por ahora, se gestará en el debate público y en eventuales propuestas de cambio constitucional que puedan alterar la gobernanza del banco central.
