El conflicto entre el gobierno y el poder judicial se reavivó tras una gestión concreta del Ejecutivo por facilitar un proceso de salida de combatientes del grupo paramilitar EGC. En un movimiento que trascendió a la opinión pública, el comisionado de paz, Otty Patiño, solicitó a la fiscalía la suspensión de las órdenes de captura contra el comandante del EGC, Jobanis de Jesus Avila, conocido como «Chiquito Malo», y 28 de sus subalternos. La noticia, publicada el 19/05/2026 a las 16:29, puso de manifiesto las tensiones entre dos poderes del Estado con visiones distintas sobre cómo avanzar en procesos de transacción o reintegración.
La solicitud se inscribe en un intento del Ejecutivo por impulsar una posible ruta de desmovilización que permita la salida de integrantes armados del conflicto, pero esa iniciativa chocó con reservas desde la judicatura. La medida pedida por Patiño buscaba dejar sin efecto momentáneamente las órdenes de captura que pesan sobre los señalados, con el objetivo de facilitar interlocuciones y pasos administrativos propios de una negociación. Sin embargo, la reacción institucional evidenció diferencias de criterio sobre la competencia y la manera correcta de garantizar tanto la seguridad jurídica como la reparación de las víctimas.
Qué pidió el comisionado y quiénes están involucrados
La solicitud formal de Otty Patiño fue dirigida a la fiscalía para que suspendiera las órdenes de captura contra Jobanis de Jesus Avila y 28 miembros relacionados con el EGC. El propósito declarado por la oficina de paz fue abrir espacio a mecanismos de diálogo que posibiliten la salida de personas armadas de la dinámica violenta. En ese sentido, la acción se focalizó en garantizar condiciones para la desmovilización sin que, según el Ejecutivo, se frenen los procesos judiciales de fondo. Aun así, al tratarse de figuras con órdenes activas, la petición generó alarma y preguntas sobre cómo compatibilizar negociación y cumplimiento de justicia.
Respuesta y reservas del poder judicial
La reacción desde el órgano judicial fue de confrontación institucional, al considerar que la suspensión de órdenes podría afectar la continuidad de las investigaciones y la protección de derechos. Aunque no se publicaron sentencias nuevas en el momento de la solicitud, el choque reflejó una disputa sobre competencias y procedimientos: mientras el Ejecutivo enfatiza la utilidad de procesos de salida para reducir violencia, la judicatura enfatiza la obligación de preservar la acción penal y la dignidad de las víctimas. Este contraste dejó en evidencia la necesidad de acuerdos claros entre instancias del Estado cuando se buscan soluciones políticas a conflictos armados.
Argumentos legales y constitucionales
Desde la óptica del poder judicial, levantar o suspender ordenes exige un trámite que respete debido proceso y la autonomía de las investigaciones penales. Los jueces y fiscales suelen advertir que cualquier beneficio temporal no puede ser interpretado como impunidad ni debe saltarse etapas probatorias. Por su parte, el Gobierno plantea que la flexibilización procedimental en contextos de desmovilización puede facilitar transformaciones reales en el terreno, siempre que se establezcan garantías de seguimiento. Ese intercambio de argumentos expuso la delicada línea entre política pública y soberanía judicial.
Implicaciones políticas y posibles escenarios
La disputa tiene efectos inmediatos en la agenda pública y en la percepción de la política de paz del Ejecutivo. A nivel político, el episodio puede erosionar o reforzar la credibilidad del Gobierno según cómo se conduzcan los siguientes pasos y las comunicaciones hacia las víctimas. Jurídicamente, abre la discusión sobre mecanismos alternativos que permitan la salida de combatientes sin socavar procesos penales. Cualquiera que sea la ruta elegida, será indispensable definir protocolos claros, participación de la sociedad civil y medidas de protección para las víctimas, de modo que el objetivo de reducción de violencia no se traduzca en vulneración de derechos.
Qué sigue y cómo podría resolverse
Los próximos movimientos dependerán de interlocuciones entre la oficina de paz, la fiscalía y el poder judicial. Es probable que se busquen fórmulas intermedias que permitan negociaciones supervisadas sin paralizar investigaciones claves. También será clave la transparencia en el manejo de la información y la participación de las víctimas en cualquier acuerdo. Mientras tanto, el caso deja claro que las políticas de desmovilización requieren no solo voluntad política, sino reglas claras, supervisión judicial y un consenso mínimo entre las instituciones del Estado.
