El caso de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven de 21 años hallada sin vida en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez, desató una reacción institucional el 17 de abril 2026: la titular de la Fiscalía capitalina, Bertha Alcalde Luján, informó la separación de los servidores públicos señalados por la familia por presuntas irregularidades. La noticia combina dos frentes: la investigación por el feminicidio y la apertura de procesos contra personal que, según la denuncia, habría solicitado dinero para continuar diligencias. Esta doble vía ha generado reclamos públicos y medidas precautorias dentro de la institución.
La familia de Edith denunció que, tras la desaparición reportada luego de que la joven acudiera a una supuesta entrevista de trabajo el 15 de abril, recibió respuesta tardía y la petición de esperar 72 horas para iniciar búsqueda. Ante la falta de acción, allegados y vecinos utilizaron las cámaras del C5 para reconstruir la ruta y determinar que Edith nunca salió del edificio en Avenida Revolución. El cuerpo fue localizado en el sótano del inmueble, y la Fiscalía ya reclasificó el hecho como feminicidio, además de iniciar las diligencias forenses correspondientes.
Qué denunciaron los familiares
Los parientes de la víctima manifestaron que personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México les solicitó recursos para acelerar las investigaciones, señalamiento que motivó la intervención de asuntos internos. Según la versión familiar, ante el reporte de desaparición les pidieron esperar tres días —72 horas— bajo el argumento de una posible ausencia voluntaria, lo que provocó que buscaran por su cuenta. La denuncia por presunto cobro irregular llevó a que la Fiscalía anunciara una revisión administrativa y, como primera medida, la separación del personal involucrado mientras se realizan las pesquisas.
Testimonios y acciones de la familia
La madre de Edith, Claudia Edith Zaldívar, declaró públicamente que recibió mensajes y comunicaciones que implicaban un ofrecimiento de ayuda a cambio de dinero, situación que motivó el bloqueo de la Avenida Revolución como forma de presión para obtener respuestas. Con el apoyo de vecinos y amigos, rastrearon la trayectoria de la joven desde Iztapalapa hasta el edificio donde la vieron por última vez; identificaron al conductor del mototaxi que la dejó en el lugar y solicitaron una inspección del inmueble, petición que no prosperó inicialmente. Estas acciones colectivas fueron determinantes para acelerar la intervención ministerial.
Investigaciones y medidas contra servidores públicos
En conferencia, Bertha Alcalde Luján confirmó que las indagatorias no se limitarán a un solo elemento: entre los separados se cuenta un miembro de la Policía de Investigación, y la pesquisa abarcará a todos los servidores públicos que atendieron el caso desde el reporte hasta el hallazgo del cuerpo. La separación se trata de una medida preventiva que permite desarrollar las pesquisas sin la presencia de los señalados en sus funciones. Paralelamente se abrió una indagatoria administrativa y otra penal para determinar responsabilidades en materia de corrupción o negligencia.
Alcance de la investigación
La Fiscalía mantiene dos líneas diferenciadas: una por el posible autor del feminicidio, del que ya existe un probable responsable identificado, y otra por las presuntas conductas indebidas del personal. El cuerpo de Edith fue enviado al anfiteatro ministerial para la necropsia y los peritajes, que buscan precisar la causa de muerte y las lesiones detectadas en la primera inspección. Las autoridades también trabajan para localizar al conductor que trasladó a la joven y entrevistar a vecinos, administradores del edificio y testigos que puedan aportar elementos a la carpeta de investigación.
Próximos pasos y consecuencias
La separación del cargo no equivale a una sentencia; es una acción preventiva dentro del proceso investigativo. En caso de acreditarse responsabilidad, las sanciones podrían incluir la destitución, la inhabilitación para ocupar cargos públicos y la posible imputación de delitos por corrupción o extorsión. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la fiscal coincidieron en que las sanciones serán aplicadas si las indagatorias confirman las irregularidades. Mientras tanto, la Fiscalía ha señalado que seguirá abierta a todas las líneas de investigación y que continuará con los peritajes y diligencias necesarias para llevar ante la justicia a quien resulte responsable.
