En un movimiento sin precedentes, doce países han decidido imponer sanciones al comercio de bienes con los asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania. Esta medida, anunciada por los ministros de Relaciones Exteriores de los países involucrados, busca protestar contra la violencia de los colonos y la expansión continua de estas comunidades.
Los países que han tomado esta decisión son España, Francia, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal y Suecia. En una declaración conjunta, estos países denuncian que las acciones del gobierno de Israel en Cisjordania están socavando la posibilidad de una solución de dos estados un plan que propone la coexistencia pacífica de un estado israelí y otro palestino.
La respuesta de Israel y las medidas tomadas
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu ha prometido continuar con la expansión de los asentamientos en Cisjordania, a pesar de la creciente presión internacional. El ministro de Exteriores, Gideon Saar ha calificado la decisión de los doce países como una interferencia inaceptable en el proceso electoral de un estado soberano.
Como respuesta, Israel ha ordenado el cierre del consulado británico en Jerusalén Este, expulsado al Reino Unido del Centro de Coordinación Civil y Militar multinacional, prohibido el entrenamiento de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y impedido la entrada a doce ciudadanos británicos, entre ellos el exlíder laborista Jeremy Corbyn.
El impacto de las sanciones y la situación en Cisjordania
Las sanciones impuestas por los doce países afectan apenas el 5% de las exportaciones de los asentamientos ilegales, lo que sugiere que su impacto económico será limitado. Sin embargo, la reacción de Israel refleja la impunidad que ha disfrutado durante años mientras perpetra uno de los peores crímenes contra el pueblo palestino.
La situación en Cisjordania es crítica. Los colonos ilegales han convertido las masacres de palestinos en una tarea cotidiana, siempre bajo la protección de las fuerzas armadas israelíes. Además, el primer ministro y los miembros de su gabinete han declarado abiertamente su intención de exterminar a los palestinos.
La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese ha señalado que la prohibición comercial contra los asentamientos israelíes ilegales es un comienzo necesario pero solo un punto de partida. Para poner fin a la complicidad con el genocidio, Albanese recomienda un cerco financiero completo a Israel, la prohibición absoluta de la compra o venta de armas, y la ejecución de las órdenes de captura que pesan sobre los criminales de guerra.
Además, se propone la conformación de un fondo internacional para la reconstrucción de Gaza y el regreso seguro de todos los palestinos desplazados desde 1948. Estas medidas, aunque drásticas, son consideradas necesarias para poner fin al conflicto y lograr una paz duradera en la región.
