El comienzo de un nuevo juicio sobre la muerte de Diego Maradona ha vuelto a centrar la atención pública en la calidad de la atención sanitaria que recibió el ídolo durante su convalecencia. Maradona falleció el 25 de noviembre de 2026 y la causa de su muerte incluyó falla cardíaca, edema pulmonar agudo y miocardiopatía dilatada, según los peritajes presentados en la investigación. En el banquillo están siete profesionales de la salud acusados de negligencia grave; ellos niegan haber cometido irregularidades y sostienen que la muerte fue consecuencia del estado de salud crónico del futbolista.
La reapertura del proceso ocurre tras la anulación del primer juicio, un episodio que generó controversia pública y jurídica. El nuevo tribunal que debe juzgar el caso trabaja en San Isidro y tendrá a su cargo la valoración de pruebas como mensajes, audios y peritajes médicos. En la audiencia inicial, la presencia de las hijas Dalma, Gianinna y Jana, así como de Verónica Ojeda, reflejó la dimensión familiar y mediática del debate: se busca determinar si las decisiones clínicas —como permitir la convalecencia domiciliaria— implicaron omisiones que pudieron agravar el cuadro del paciente.
El centro de la acusación
Los fiscales sostienen que a Maradona se le brindó una atención deficiente y temeraria durante la recuperación tras una cirugía por un hematoma subdural, y que ello derivó en su muerte semanas después. El Ministerio Público denuncia una serie de omisiones en el seguimiento médico, la falta de controles adecuados y la ausencia de traslado a una institución con recursos idóneos para tratar complicaciones cardíacas y respiratorias. En audiencia se reprodujeron mensajes y audios que, según la acusación, mostrarían intentos para sostener la atención en su domicilio en Tigre en lugar de internarlo en una clínica.
Los imputados y las consecuencias legales
En el proceso están imputados el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, la coordinadora médica Nancy Forlini, el coordinador de enfermería Mariano Perroni, el clínico Pedro Pablo Di Spagna y el enfermero Ricardo Omar Almirón; una octava persona, la enfermera Gisela Madrid, afrontará juicio separado. La fiscalía plantea el delito de dolo eventual o, en términos alternativos, responsabilidad por conducta que aceptó el riesgo de causar la muerte. De prosperar esa acusación, las penas posibles van de ocho a veinticinco años de prisión.
Juicio previo anulado y nueva conformación del tribunal
El primer debate fue dejado sin efecto luego de un escándalo judicial: una de las magistradas involucradas había participado en la filmación de un documental vinculado al caso, lo que llevó a la anulación de numerosas audiencias y a la pérdida de testimonios aportados en ese primer ciclo. Tras la destitución de la jueza, el expediente se reasignó a un nuevo tribunal integrado por tres jueces que deberán escuchar alrededor de ciento veinte testigos y revisar peritajes médicos y comunicaciones privadas que pueden resultar determinantes para reconstruir la cronología clínica y las decisiones tomadas.
Pruebas clave y líneas de defensa
La fiscalía ha subrayado que, según peritos, Maradona pudo haber sufrido un sufrimiento prolongado en las últimas horas de vida y que una intervención o traslado podrían haber modificado el desenlace. Por su parte, la defensa sostiene que el fallecimiento responde a un deterioro orgánico progresivo y que los profesionales actuaron dentro de los límites razonables. En las primeras jornadas del juicio, Leopoldo Luque se declaró inocente y declaró públicamente su afecto por el paciente: afirmó que lo consideraba un ídolo y negó negligencias. En contraposición, la querella usa símbolos médicos y expresiones duras para denunciar lo que califica como abandono.
Reacción social y próximas etapas
El proceso judicial coincide con la memoria colectiva de millones que recordaron la magnitud del luto que siguió a su muerte, cuando multitudes hicieron fila en la Casa Rosada para despedir al capitán del título mundial de 1986. Afuera del tribunal, simpatizantes reclamaron explicaciones y justicia por la atención recibida. El juicio seguirá con audiencias programadas de manera regular y se espera que el debate se extienda por varios meses; la decisión final tendrá un fuerte peso penal y simbólico en la memoria de un país que aún procesa la pérdida de una de sus figuras más icónicas.
