El retorno del proceso contra el equipo médico de Diego Maradona vuelve a poner en el centro del debate público preguntas sobre responsabilidad profesional y el tratamiento de figuras públicas. El astro, fallecido el 25 de noviembre de 2026, murió tras una crisis cardiorrespiratoria mientras recibía hospitalización domiciliaria, situación que ahora se somete de nuevo a escrutinio judicial. El primer juicio, que avanzó durante semanas con testimonios y pruebas gráficas, fue invalidado en mayo de 2026 a raíz de un incidente que sacudió la imparcialidad del tribunal y alimentó la reapertura del caso.
La nueva etapa procesal, con audiencias iniciadas a partir del 11 de marzo y cubiertas por medios en fechas como el 16 de abril de 2026, retomó cuestiones centrales: si hubo negligencia en la atención, si la casa donde estuvo convaleciente era apta y si los profesionales siguieron pautas mínimas de cuidado. Entre las piezas más controvertidas aparecen fotografías, relatos de familiares y la ausencia de equipos básicos, elementos que alimentaron una acusación por homicidio con posible intención eventual.
Escenas que marcaron el primer juicio
Durante las primeras audiencias los relatos presentados por testigos, médicos y allegados recrearon un cuadro de abandono y descuido en la residencia de Tigre donde Maradona pasó sus últimos días. Testigos describieron la habitación como sucia y sin equipamiento médico esencial; la ausencia de oxígeno y de un desfibrilador fue señalada por quienes llegaron a asistir la emergencia. En la sala se exhibieron imágenes que provocaron fuertes reacciones: fotos del cuerpo con signos clínicos visibles y testimonios entrecortados por el llanto de familiares. Estas escenas alimentaron la tesis de la fiscalía sobre una atención insuficiente y constituyeron el núcleo probatorio que llevó a presentar cargos contra siete integrantes del equipo médico.
El documental que terminó por derrumbar el proceso
El giro más escandaloso llegó cuando se supo que una de las magistradas tenía relación con un proyecto audiovisual sobre el caso. La presencia de la jueza Julieta Makintach en el tráiler de un documental grabado en pasillos y oficinas judiciales originó críticas por posible parcialidad y violación de normas de conducta. La difusión de ese avance motivó la declaración de nulidad del juicio en mayo de 2026, y desembocó en procedimientos administrativos contra la magistrada. Para muchos observadores, la mezcla de funciones judiciales con apariciones mediáticas convirtió un proceso serio en un espectáculo, y obligó a reiniciar las actuaciones para garantizar la imparcialidad del tribunal.
Qué se discute en el nuevo proceso
En la reapertura del caso los fiscales mantienen la acusación de que hubo una conducta imprudente y deficiente por parte de los profesionales responsables de la convalecencia. Entre los imputados figuran un neurocirujano, psiquiatra, psicólogo, coordinadores médicos y la enfermera nocturna; todos niegan las imputaciones y sostienen que Maradona rechazó algunos tratamientos o recomendaciones y que su historial de adicciones y problemas cardiopulmonares influyó en el desenlace. La acusación formal habla de una conducta que pudo constituir homicidio con eventualidad, con penas que, en caso de condena, serían de varios años de prisión.
Las pruebas y el papel de la familia
La familia de Maradona, encabezada por sus hijas, fue protagonista en las audiencias originales y mantuvo una presencia emotiva e intensa en el debate público. Documentos médicos, fotografías y declaraciones de emergencia integran el paquete probatorio que la fiscalía considera determinante. Los allegados denunciaron falta de información y un manejo que describieron como una puesta en escena de la hospitalización domiciliaria, acusando que se priorizó la comodidad del entorno sobre protocolos clínicos básicos. Estos testimonios siguen siendo un elemento clave que se repetirá en la nueva ronda de audiencias.
Posibles defensas y escenario legal
La defensa de los profesionales sostiene que existió consentimiento informado y que la atención se ajustó a la voluntad del paciente, además de destacar las patologías previas que complicaban cualquier pronóstico. Jurídicamente, la discusión se centrará en determinar si existió o no una relación de causalidad directa entre las omisiones denunciadas y la muerte por edema pulmonar agudo y fallo cardiaco. El tribunal deberá evaluar pruebas médicas, peritajes y testimonios en un proceso que, esta vez, transcurre bajo mayor vigilancia pública y mediática.
