La jornada electoral en Perú estuvo marcada por problemas logísticos que obligaron a extender el horario de votación y a convocar investigaciones. Desde la mañana se reportaron retrasos en la llegada del material a numerosos locales, especialmente en Lima, lo que provocó aperturas tardías de mesas e hileras de votantes esperando durante horas. En ese contexto, las autoridades tomaron la decisión extraordinaria de habilitar una nueva jornada para que los ciudadanos afectados pudieran sufragar.
Las cifras sobre el número de votantes impedidos variaron en las primeras horas: algunos reportes mencionaron 52.251 ciudadanos afectados, la ONPE habló inicialmente de 63.300 electores en 211 mesas y después corrigió el dato a 52.561. Frente a esa incertidumbre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) autorizó la ampliación del sufragio en los centros perjudicados y en dos sedes del exterior, mientras que la Fiscalía y la Policía iniciaron diligencias en las sedes de los organismos electorales.
Retrasos logísticos y medidas de emergencia
La distribución del material electoral fue el epicentro de la crisis: la matriz encargada por la ONPE para el traslado no cumplió los tiempos previstos y eso derivó en aperturas con demoras de hasta tres horas en algunos locales. Por ello el JNE aprobó extender la votación el lunes en 13 centros de Lima y en dos recintos en Estados Unidos, para intentar garantizar que nadie se quede sin votar. Las autoridades reiteraron que el voto es obligatorio entre 18 y 70 años y puntualizaron que no habrá sanciones para quienes no pudieron acudir por las fallas logísticas.
Responsabilidades, críticas y acciones judiciales
Investigaciones y citaciones
El episodio desencadenó la intervención de distintos órganos: la Fiscalía abrió indagaciones y la Policía Anticorrupción realizó diligencias en la sede de la ONPE y en la empresa distribuidora. En paralelo, la Comisión de Fiscalización del Congreso citó a comparecer a Piero Corvetto (jefe de la ONPE) y a Roberto Burneo (presidente del JNE) para que expliquen causas, criterios de contratación y las medidas de contingencia. La cita oficial fue programada para el 14 de abril de 2026, con el objetivo de aclarar responsabilidades técnicas, administrativas y penales vinculadas a las irregularidades.
Acusaciones desde el poder ejecutivo y los partidos
El presidente designado por el Congreso, José María Balcázar, responsabilizó directamente a la ONPE por la contratación de la empresa encargada del traslado y anunció la exigencia de un proceso disciplinario. Al mismo tiempo, partidos y candidatos elevaron críticas: figuras como Rafael López Aliaga y agrupaciones como Fuerza Popular calificaron los hechos como graves e insistieron en investigaciones y sanciones. La ONPE anunció acciones legales contra la empresa distribuidora, identificada como Galaga, que según reportes previos tenía sanciones por contratos anteriores.
Conteo, resultados provisionales y desafíos institucionales
El contratiempo en la jornada también complicó el cómputo: el escrutinio, que ya era esperado como lento por la alta cantidad de candidaturas, mostró avances parciales en torno al 50-52% de actas procesadas en las primeras horas. En ese tablero de resultados primarios lideraban las cifras Keiko Fujimori con cerca del 16,9% y Rafael López Aliaga con alrededor del 14,7-14,9%, seguidos por candidatos como Jorge Nieto y Ricardo Belmont. Dada la fragmentación del voto —35 candidaturas en una boleta larga de 44 centímetros— parece improbable que algún aspirante obtenga más del 50% en primera vuelta, por lo que se proyecta un balotaje el 7 de junio.
Más allá de los números, la elección refleja cambios institucionales recientes: la reforma aprobada en 2026 reinstauró un Congreso bicameral con un Senado de 60 integrantes que no puede ser disuelto por el presidente y que tiene la potestad de destituir con 40 votos. Al mismo tiempo, temas como la inseguridad —con homicidios al alza y el aumento de extorsiones en la última década— dominaron la campaña y explican en buena medida la volatilidad del electorado.
Mientras se completan los recuentos y se resuelven las investigaciones sobre la logística, el panorama político permanece tenso: protestas frente a sedes electorales, denuncias en la fiscalía y el llamado del congreso a esclarecer responsabilidades subrayan la necesidad de reforzar procedimientos. La crisis planteada por estos comicios obliga a una revisión profunda de los mecanismos de organización electoral para restaurar confianza en el proceso y asegurar que el derecho al voto se ejerza sin obstáculos.
