En un pronunciamiento conocido el 12.04.2026, el Tribunal Superior de Bogotá dictó la restitución de más de 2.700 hectáreas a favor de la pareja campesina conformada por Fernando Aguilar Plata y Abigaíl Florido, dueños originarios de las fincas Los Tres Riales y Los Caracoles en la vereda de Mapiripán (Meta). El fallo reconoce que la salida de la familia fue resultado del abandono forzado, provocado por la presión y amenazas constantes de distintos actores armados ilegales que buscaron dominar la zona.
El Tribunal consideró que la violencia no fue episódica sino parte de un patrón persistente de control territorial, presión y despojo. En ese contexto, se documentaron extorsiones, intentos de reclutamiento de menores y apropiaciones ilegítimas de bienes —incluido el robo de aproximadamente 200 cabezas de ganado— que terminaron por hacer inviable la continuidad de la actividad ganadera y la permanencia de la familia en sus predios.
El fallo y sus determinaciones clave
La sentencia, que consta de 111 páginas según el expediente, ordena la devolución de los terrenos y la cancelación de actos registrales o transferencias realizadas desde el año 2000, al considerar que dichas operaciones se hicieron en un ambiente de coacción. El Tribunal rechazó la buena fe alegada por los opositores porque no acreditaron que la adquisición estuviera libre de vínculos con el contexto de despojo, y estableció que los documentos firmados por la familia bajo intimidación no reflejaron una voluntad libre. Estas decisiones apuntan a restablecer el derecho a la propiedad de los reclamantes y a revertir los efectos jurídicos que surgieron tras el abandono.
Contexto histórico del despojo
La zona de Mapiripán es recordada por la masacre de 1997, cuando miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) cometieron graves crímenes en la región. El expediente del caso detalla que, antes de esa escalada paramilitar, la familia convivió con la presencia de la guerrilla bajo el mando de una comandante conocida como ‘Jaqueline‘, que imponía extorsiones y exigía colaboración. El intento de reclutar a hijos menores marcó el inicio del desplazamiento forzado, obligando a la madre y a los niños a abandonar temporalmente la finca para proteger sus vidas.
La llegada de estructuras paramilitares
A fines de los años noventa y en la primera década de los 2000 la situación empeoró con la irrupción del Bloque Centauros de las AUC, que implementó un patrón de control violento del territorio. El fallo señala que esas estructuras no solo intimaron a la población, sino que también practicaron actos directos de apropiación: saqueos, robos de ganado y la imposición de intermediarios que se adjudicaron o controlaron las tierras. Frente a estas dinámicas, la familia Aguilar Florido terminó abandonando definitivamente los predios en 2004 por la imposibilidad de continuar con la actividad económica y ante el riesgo a su integridad.
Actores posteriores y mecanismos de despojo
Tras el abandono, el Tribunal documentó la presencia de redes vinculadas al paramilitarismo y al narcotráfico, entre ellas referentes señalados como ‘Cuchillo‘ y el narcotraficante Daniel Barrera, alias ‘El Loco Barrera‘. Según el expediente, emisarios de estos grupos informaron al reclamante que ya no tenía control sobre sus parcelas y, bajo intimidación, la familia fue forzada a firmar documentos en blanco que facilitaron transferencias irregulares. El Tribunal consideró estas firmas como producto de coacción, no de una transacción voluntaria.
Implicaciones legales y pasos a seguir
La sentencia dispone la restitución material de las fincas y la nulidad o cancelación de cualquier acto jurídico realizado desde el año 2000 que afecte la titularidad. Además, el fallo fija un precedente sobre cómo valorar la buena fe en adquisiciones en zonas con historial de violencia: cuando la compra o la inscripción ocurrieron en un contexto de control territorial armado, los títulos pueden ser revocados. La decisión también obliga a las autoridades a ejecutar las medidas registrales y administrativas necesarias para devolver la posesión a los reclamantes.
Reparación y garantías
Más allá de la restitución de terrenos, el fallo abre la puerta a medidas de reparación integral que incluyen la recuperación de bienes productivos y la protección de derechos asociados a la vida rural. La Unidad de Restitución de Tierras, representada en el proceso, tendrá un papel central en materializar las órdenes judiciales y en coordinar la inscripción registral y las acciones de acompañamiento para que la familia recupere la explotación de las fincas de forma segura.
Reflexión final
Este pronunciamiento del Tribunal Superior de Bogotá consolida un criterio jurídico sobre cómo el sistema de justicia puede desarticular las consecuencias legales del despojo sufrido por víctimas del conflicto armado. Para la familia Aguilar Florido, y para Mapiripán en general, la decisión representa un paso hacia la restitución de derechos y la reconstrucción de medios de vida que fueron interrumpidos por décadas de violencia.
