En un esfuerzo por mitigar los efectos de los terremotos del 24 de junio, la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, con mayoría del chavismo, ha aprobado reformas significativas en el sector inmobiliario. Las medidas buscan estimular el mercado de alquileres y proteger tanto a arrendadores como a arrendatarios en medio de la crisis.
Las sesiones legislativas se llevaron a cabo en el Centro de Convenciones de La Carlota, debido a los daños sufridos por el Palacio Federal Legislativo durante los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5. El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, informó que la sede del Poder Legislativo resultó afectada, especialmente en la cúpula, y que se están realizando trabajos de reparación.
Reformas para estimular el mercado de alquileres
La AN aprobó en primera discusión dos leyes propuestas por el Ejecutivo: la reforma parcial de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria y una nueva Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda. Estas reformas buscan estimular el mercado de alquileres en un contexto donde, según cifras oficiales, 17.907 personas perdieron sus hogares debido a los terremotos que afectaron a La Guaira, Caracas, Miranda y Aragua.
El primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, explicó que la tarea principal es estimular el mercado de alquileres robusteciendo la seguridad jurídica para proteger simultáneamente el derecho de propiedad del arrendador y al arrendatario. «Equilibrio jurídico» es la clave de estas reformas, según Infante.
Pilares fundamentales de la nueva legislación
Infante destacó varios pilares fundamentales de la normativa. Uno de ellos es la mediación o arbitraje como una vía expedita para la resolución de controversias, incluyendo los tiempos de respuesta para aliviar la carga del sistema de justicia. Otra medida importante es la prohibición de alquilar inmuebles en zonas de alto riesgo o en construcciones precarias.
Además, se estableció una distribución equitativa del peso financiero de las reparaciones mayores y menores bajo el umbral técnico de 30% del canon de arrendamiento. También se equilibra la balanza de riesgos, permitiendo depósitos en garantía o pólizas de seguro de hasta tres meses, con la obligación de reintegrar el monto en un plazo de 15 días continuos, previa verificación del estado del inmueble.
El proyecto de Ley de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda consta de cuatro capítulos y 27 artículos, y busca proteger al ciudadano ante un mercado formal y atractivo para la inversión, otorgando incentivos económicos indexados, garantías bancarias o de seguro y vías de resolución rápida.
Reforma de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria
Infante también presentó el proyecto de reforma parcial de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, con el objetivo principal de promover la construcción de nuevas viviendas con un enfoque adaptado a los nuevos tiempos. Los cambios buscan garantizar mejores condiciones para la construcción de inmuebles con seguridad jurídica y capacidad de financiamiento para que el sector privado inicie un «proceso agresivo» de levantamiento de unidades habitacionales.
La reforma procura destrabar el esquema de precio rígido que impide absorber las variaciones de los costos de materiales e insumos durante el tiempo de ejecución de las obras. Esto permitirá que las partes acuerden libremente mecanismos de estabilización del saldo deudor en función de las fluctuaciones reales del mercado.
Otros aspectos importantes de la reforma incluyen la resolución del límite legal restrictivo que fijaba que en 24 meses las obras debían estar culminadas y la estimulación a la banca pública y privada para que otorgue créditos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, mediante la eliminación de riesgos regulatorios desproporcionados.
Solidaridad con las víctimas
La plenaria aprobó un acuerdo en solidaridad con las víctimas del doble terremoto, que según cifras oficiales ascienden a 4.734 fallecidos. Jorge Rodríguez informó que una de las fallecidas es la diputada por la Guayana Esequiba, Jessika Carolina de León Hevia, y su hija, quienes se encontraban en La Guaira. También mencionó que otros legisladores como María Gabriela Vega sufrieron pérdidas materiales.
Durante la discusión del acuerdo, diputados del chavismo y de la Alianza Democrática defendieron las decisiones tomadas para atender la emergencia. Por el grupo Libertad, el legislador Tomás Guanipa (Unión y Cambio) llamó a la revisión de las instituciones por la «respuesta tardía» para socorrer víctimas bajo los escombros durante las primeras horas.
Rodríguez respondió diciendo que no iban a «contar» cuántos edificios levantados por constructoras privadas se derrumbaron en comparación con la Misión Vivienda en La Guaira «porque duelen igual». Se quejó de que «lo feo y lo malo» era atribuido a los urbanismos que se entregaron en su momento a quienes «no tenían nada».
