La contienda presidencial de Colombia se desarrolla en un escenario complejo: altos niveles de preocupación por la seguridad, cambios económicos notables y quejas crecientes sobre la salud pública. Las encuestas sitúan con opciones reales para la segunda vuelta a Iván Cepeda, Abelardo De la Espriella y Paloma Valencia, y el próximo mandatario asumirá responsabilidades importantes a partir del 7 de agosto si vence en los comicios que pueden definirse el 21 de junio.
Este artículo sintetiza los principales indicadores y tensiones que marcarán la gestión entrante: la dinámica de los grupos armados, la situación de los cultivos de coca y las incautaciones, el comportamiento de la pobreza y el salario mínimo, el desempeño macroeconómico y las reclamaciones sobre el sistema de salud.
Seguridad: un panorama en deterioro
La percepción ciudadana ubica al orden público como el problema principal del país, y esa preocupación se sostiene en cifras oficiales y análisis independientes. La tasa de homicidios volvió a subir y en 2026 se registraron alrededor de 14.000 homicidios, cifra que sitúa a Colombia entre los países más golpeados de la región en términos comparables, con el 93% de las víctimas siendo hombres.
Actores y dinámicas
La violencia responde a disputas territoriales y económicas entre organizaciones como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC. Estos actores compiten por rentas ilícitas (narcotráfico, minería ilegal) y han protagonizado episodios de alto impacto, como atentados simultáneos en agosto de 2026 y abril de 2026, además del magnicidio del precandidato Miguel Uribe, que han mostrado la persistencia de la violencia.
Impacto social
La Fundación Ideas para la Paz y otras instituciones documentan un incremento de desplazamientos y disputas por el control territorial. Las cifras de la Fuerza Pública sugieren que la cantidad de combatientes organizados actualmente en el país es similar a la que se desmovilizó tras el acuerdo con las FARC en 2016, lo que explica por qué los esfuerzos de negociación y las operaciones militares no han logrado reducir la presencia armada.
Narcotráfico y cultivos: más hectáreas, más incautaciones
El problema de las drogas sigue siendo central en la relación internacional y en la seguridad doméstica. En 2026, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estimó más de 252.000 hectáreas sembradas con coca, cifra histórica que provocó además una controversia con Estados Unidos sobre la eficacia de las políticas antidrogas.
Erradicación versus decomisos
Durante el gobierno saliente la erradicación descendió de 103.257 hectáreas en 2026 a 8.051 en 2026, mientras que las incautaciones de cocaína aumentaron de forma notable y en 2026 rozaron el millón de toneladas, un salto del 47% respecto a 2026 según datos oficiales citados por el gobierno. Expertos advierten que mayores decomisos pueden reflejar más producción o cambios en la operativa policial.
Economía y bienestar: avances con riesgos fiscales
En términos sociales, la gestión de los últimos años dejó datos favorables y señales de vulnerabilidad. Según el DANE, la pobreza monetaria descendió hasta el 31,8% en 2026, la cifra más baja con la metodología actual; un estudio del Banco de la República atribuye a ese descenso la salida de 3,4 millones de personas de la pobreza entre 2026 y 2026.
Salario mínimo y crecimiento
Una decisión polémica fue el aumento del salario mínimo en un 23% a finales de año, que representó para quienes ganan esa remuneración un ingreso adicional de 250.807 pesos mensuales entre 2026 y 2026. Mientras tanto, la economía repuntó hasta un crecimiento del 2,6% en 2026, impulsada por gasto público, comercio y servicios, pero las cuentas fiscales muestran un déficit primario que obliga a endeudamiento y plantea la necesidad de un ajuste que puede frenar la actividad.
Sistema de salud: alta cobertura, baja satisfacción
Aunque más del 95% de la población está afiliada al sistema de salud, la calidad y el acceso siguen siendo motivo de queja. El 72% de los consultados en sondeos señala la salud como prioridad para el próximo gobierno. Las peticiones, quejas y reclamos contra las EPS aumentaron en más de un 27% entre 2026 y 2026, y el gobierno intervino ocho entidades por problemas financieros.
Riesgos para los afiliados
Si las EPS intervenidas no se recuperan, millones de usuarios podrían enfrentarse a traslados a otras entidades con capacidad limitada, lo que dispararía la incertidumbre sobre el acceso a medicamentos y especialistas. Este asunto ha sido eje central del debate electoral entre quienes proponen continuidad y quienes buscan un giro en las políticas públicas.
En conjunto, quien resulte elegido deberá atender problemas estructurales: frentes de violencia con raíces históricas, una economía con avances pero tensiones fiscales, y un sistema de salud con cobertura amplia pero con fallas en la prestación. La campaña y la administración entrante estarán condicionadas por estos datos y por la necesidad de promover soluciones viables y sostenibles.
