La repetición de escándalos de corrupción no solo genera titulares: desnuda la incapacidad de ciertos mecanismos públicos para prevenir y sancionar irregularidades. Más preocupante que la cifra de expedientes es la sensación de que no existen instrumentos eficaces que interrumpan la cadena de nuevos casos. En muchos hogares y oficinas se desconoce el papel e incluso el nombre del titular de la Oficina Anticorrupción —que en realidad está a cargo de Gabriela Zangaro—, lo que evidencia un problema de visibilidad y acción.
Al mismo tiempo, algunas señales oficiales contradicen la retórica de combate a la corrupción. Renovaciones parciales de entes de control y propuestas de cambios institucionales han sido interpretadas como intentos de neutralizar supervisores, más que de fortalecerlos. Esa ambigüedad alimenta la percepción de que la respuesta del Estado es insuficiente.
Nombramientos y señales contradictorias
La política de personal en el área judicial y de control ha provocado inquietud en amplios sectores. Candidaturas promovidas por el Ejecutivo, como la de Ariel Lijo para la Corte Suprema el año pasado, o la reciente designación de Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola para funciones clave en Justicia, despiertan dudas sobre criterios de idoneidad y enfocan la discusión en la salud institucional. En el primer caso se cuestionó el proceso y la conveniencia; en el segundo, la trayectoria y los vínculos personales de los candidatos alarmaron a críticos y observadores.
Vínculos y antecedentes
Las relaciones externas de algunos responsables generan tensiones adicionales. Mahiques ha sido vinculado a figuras del mundo del fútbol como Claudio ‘Chiqui’ Tapia y Pablo Toviggino, lo que para algunos socava la independencia judicial. Por su parte, Viola aparece cuestionado por denuncias relativas a procedimientos judiciales en que actuó y por incidentes personales que han trascendido en la opinión pública. Estos antecedentes alimentan la sospecha de que los nombramientos no siempre buscan fortalecer la calidad institucional.
Política fiscal y concentraciones de riqueza
En paralelo a las controversias institucionales se despliegan decisiones económicas que afectan la distribución del ingreso. La propuesta del gobierno para un régimen de incentivos fiscales, el denominado «Super RIGI», prioriza sectores tecnológicos como la inteligencia artificial y los vehículos eléctricos, además de la minería y la energía. Esa focalización parece favorecer a grandes capitales, incluidos inversores extranjeros de alto perfil cuya presencia mediática concentra atención, mientras que sectores tradicionales como la industria manufacturera y el agro mantienen una carga tributaria que dificulta su competitividad.
Impacto en la economía real
La consecuencia práctica es una ampliación de la brecha entre beneficiarios y perjudicados por el nuevo esquema. Grandes fortunas pueden crecer con alivios fiscales que no compensan las presiones sobre manufactura y campo, que lidian con la competencia de importaciones y las retenciones. La receta liberal en materia tributaria se combina así con una percepción de que las reglas se diseñan a favor de los más fuertes, reforzando la sensación de que el poder económico obtiene prerrogativas.
El desafío opositor y la necesidad de alternativas
La otra cara del problema es la oposición: la carencia de un proyecto creíble y cohesionado que ofrezca una alternativa realista al modelo vigente profundiza la incertidumbre. Bloquear cambios o regresar a fórmulas proteccionistas del pasado no parece una solución viable, pero tampoco basta con exhortar a los sectores desplazados a «adaptarse». Se precisa un diseño que combine apertura económica con políticas activas de reconversión y apoyo productivo.
Si la intención es no retroceder hacia modelos cerrados, es imprescindible elaborar una propuesta pos-Milei que contemple la reconstrucción institucional como eje central. Al fin y al cabo, como sostienen los estudios sobre desarrollo, las naciones fracasan cuando sus instituciones inclusivas son débiles o están capturadas por intereses particulares.
Instituciones antes que moralismo presidencial
Declarar que la moral será política de Estado es un mensaje potente, pero insuficiente si no va acompañado de reformas que protejan controles y garanticen imparcialidad. Aplicar recortes y desregulación sin reemplazar los mecanismos perdidos deja huecos que pueden explotarse. Por eso, más que un liderazgo moral, el país necesita un liderazgo institucional: alguien que priorice la independencia de los organismos de control, la transparencia en los nombramientos y reglas fiscales que no profundicen la desigualdad.
En síntesis, la acumulación de casos exhibe una falla sistémica: no se trata solo de perseguir culpables sino de diseñar y sostener estructuras que eviten que la impunidad se reproduzca. La tarea urgente es fortalecer la arquitectura institucional para que la transparencia y la rendición de cuentas no dependan de voluntades individuales, sino de instituciones robustas y autónomas.
