El jueves 16 de octubre, dieciséis miembros del bloque de oposición introdujeron ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad que ataca dos ejes centrales del proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF). El planteamiento se centra en la posibilidad de emplear armamento letal contra ataques a infraestructuras críticas y en la incorporación, dentro del Código de Justicia Militar, de artículos que otorgan exenciones de responsabilidad penal en situaciones que, según los autores del requerimiento, podrían involucrar a civiles sin que exista una amenaza real a la vida.
Los firmantes del documento, entre los que se encuentran Fabiola Campillai, Karol Cariola, Claudia Pascual, Yasna Provoste, Juan Luis Castro y Alfonso De Urresti sostienen que la redacción actual permite una interpretación que vulnera el principio de proporcionalidad consagrado en la Constitución. En su escrito puntualizan que la referencia a «comprometer la seguridad militar o nacional» no exige una amenaza concreta, grave e inminente contra la vida o la integridad física de las personas.
Requerimiento constitucional presentado por la oposición
El texto entregado al tribunal señala que la normativa no asegura que los supuestos de justificación estén sujetos a los límites estrictos derivados de la protección constitucional del derecho a la vida. En palabras de los senadores, «dicha remisión, examinada en relación con el contenido de las disposiciones remitidas y con las reglas que regulan el empleo de armas, no asegura la sujeción de los supuestos de justificación a los límites materiales derivados de la protección constitucional de la vida y de la integridad personal».
Asimismo, los parlamentarios ponen bajo la lupa los artículos 208, 410, 411 y 412 del Código de Justicia Militar que contemplan títulos de justificación y eximentes de responsabilidad penal. Alegan que la aplicación de esas normas podría dar lugar a actuaciones contra civiles aun cuando no exista peligro para la vida ni para la integridad física, creando un vacío jurídico que contraviene el marco constitucional.
Fundamentos de la objeción: proporcionalidad y armamento letal
Los críticos enfatizan que la legitimidad del deber funcional que motiva la actuación de un agente estatal no equivale a una justificación automática para el uso de fuerza potencialmente letal. Distinguieron entre la atribución legal para intervenir y las condiciones materiales que autorizan el medio empleado, subrayando que ambas deben cumplirse de forma independiente para garantizar la protección del derecho a la vida. «Esta configuración plantea una cuestión constitucional sustantiva: la legitimidad del deber funcional que motiva la actuación de un agente estatal no equivale a la justificación del empleo de fuerza potencialmente letal», explican en el requerimiento.
En el mismo sentido, afirman que la normativa actual permite respuestas letales ante ocupaciones, agresiones en manifestaciones o intentos de fuga sin que exista un riesgo para terceros. La ausencia del principio de proporcionalidad, reemplazado por la noción de «racionalidad», abre la puerta a que decisiones discrecionales de funcionarios resulten en uso desproporcionado de la fuerza, poniendo en entredicho la seguridad jurídica tanto de los agentes como de la ciudadanía.
Posiciones de los actores políticos
El senador socialista Juan Luis Castro defendió la necesidad de que la izquierda construya un proyecto político sólido antes de definir candidaturas, y resaltó el papel de la expresidenta Michelle Bachelet como agente de articulación, no como líder único. En la entrevista de Radio Pauta, Castro advirtió: «Lo que no puede pasar es que el mundo de la izquierda solo se aferre a figuras de salvataje y no a proyectos políticos que den para Chile una mayoría y una gobernabilidad suficiente». Asimismo criticó al Gobierno por proponer una reforma de seguridad basada en sospechas, indicando que el uso del estado de emergencia vigente y la falta de revisión del proyecto original sacrifican la proporcionalidad.
Por su parte, el senador Andrés Longton (RN) replicó a los señalamientos de los exministros Carolina Tohá y Luis Cordero, defendiendo que la sustitución del principio de proporcionalidad por la racionalidad está sustentada en la tradición penal chilena. Longton sostuvo que los criterios de «idoneidad, necesidad y relación medio-fin» están presentes en la norma y que las hipótesis de uso letal para impedir fugas o cumplir órdenes judiciales ya están contempladas en los artículos 411 y 412 del Código de Justicia Militar, sin que la nueva ley las haya creado. Añadió que la normativa mantiene obligaciones de planificación, registro y reporte del uso de la fuerza, previstas para ser reglamentadas en el plazo de un año.
