El gobierno de Javier Milei oficializó la clasificación del Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) como organización terrorista en una resolución publicada por la Presidencia. Según el comunicado oficial, la incorporación al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiación (RePET) permite aplicar sanciones financieras y restricciones operativas para limitar la capacidad de esa organización de actuar en el país. Esta medida se produce en el marco del conflicto vigente en el Medio Oriente y se suma a otras designaciones realizadas por el Ejecutivo desde su llegada al poder.
Antes de esta decisión, en January Argentina había incluido a la Fuerza Quds, la unidad exterior del IRGC, en el mismo registro. El gobierno sostiene que esas incorporaciones responden a informes oficiales y a investigaciones de la Justicia que vinculan a miembros del grupo con atentados ocurridos en el país. La Casa Rosada también destaca que las nuevas medidas apuntan a reforzar los mecanismos de prevención del financiamiento y las redes transnacionales que podrían operar en territorio argentino.
Qué implica la inclusión en el registro
La incorporación de una entidad al RePET tiene efectos concretos: bloqueo de activos, limitaciones para transacciones y prohibición de actividades comerciales o financieras con personas y entidades registradas. El Ejecutivo explicó que estas herramientas buscan cortar canales económicos que faciliten la expansión de grupos catalogados como terroristas. En la práctica, la norma habilita a bancos, agencias y organismos de control a aplicar medidas administrativas y penales que complejicen la operativa de la organización dentro del país, además de dificultar la movilidad de recursos y miembros vinculados.
Antecedentes y fundamentos citados por la administración
En su comunicado, el Gobierno remite a indagaciones judiciales que, según la autoridad, atribuyen la participación del IRGC en dos ataques históricos en Argentina: el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires de marzo de 1992 y el ataque a la mutual AMIA en julio de 1994. Aunque los procesos judiciales incluyen múltiples etapas y actores, el Ejecutivo interpreta esas resoluciones como base para la clasificación y para activar sanciones que interrumpan eventuales vínculos locales. Además, la medida se adoptó tras coordinaciones entre ministerios y servicios de inteligencia.
Investigaciones y coordinación institucional
La decisión fue tomada con base en informes remitidos por la Justicia y en consultas con la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y los servicios de inteligencia (SIDE). El Ejecutivo apunta a que la designación se apoya en evidencia de actividades transnacionales ilícitas, incluidas actuaciones que podrían encuadrarse en financiación del terrorismo. Según la comunicación oficial, este trabajo interinstitucional garantiza que la medida tenga sustento técnico y operativo para su ejecución en ámbitos administrativos y judiciales.
Decisiones previas y lista de grupos
Desde su asunción en December 2026, el gobierno de Milei ha incorporado a varias organizaciones a la lista de grupos terroristas, muchas veces alineándose con decisiones adoptadas por Estados Unidos. Entre ellas figuran ramas de la Hermandad Musulmana en Egipto, Líbano y Jordania, el grupo palestino Hamas y el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación. Estas inclusiones se presentan como parte de una política exterior que identifica a ciertos países y organizaciones como aliados o amenazas estratégicas.
Posibles repercusiones y lectura internacional
La medida tendrá impacto en la diplomacia, en la cooperación judicial internacional y en el control del flujo de fondos. Por un lado, refuerza la sintonía de la Argentina con aliados como Estados Unidos e Israel, y por otro, puede tensar relaciones con países vinculados a las organizaciones afectadas. Además, los expertos señalan que la efectividad de las sanciones depende de la ejecución práctica: supervisión bancaria, cooperación internacional y capacidad del Estado para rastrear redes financieras. En escenarios complejos, estas limitaciones buscan reducir riesgos de operatividad dentro del territorio nacional.
En síntesis, la inclusión del IRGC en el RePET es una decisión de alcance legal y simbólico que pretende cortar canales económicos y enviar una señal política clara sobre la orientación internacional del Ejecutivo. El gobierno afirma que actuó amparado en pruebas judiciales y en coordinación interministerial, mientras que el anuncio abre un período de seguimiento en torno a la implementación de las sanciones y a la reacción de actores internacionales y domésticos.
