Docentes, estudiantes y gremios universitarios se movilizaron hasta Plaza de Mayo en una jornada reciente para exigir la aplicación de la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso, en una protesta convocada por la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario. Según cálculos de LA NACION, la columna porteña concentró cerca de 120.000 personas que partieron desde Plaza Houssay y avanzaron por Avenida de Mayo hasta el escenario central, donde reclamaron el cumplimiento de la norma y la actualización de partidas para salarios y funcionamiento.
La convocatoria reunió a docentes, estudiantes, personal no docente, familias y agrupaciones sociales bajo consignas que pidieron el “cumplimiento inmediato” de la ley y denunciaron una falta de ejecución presupuestaria en universidades y hospitales universitarios. En el escenario se leyeron mensajes y testimonios que vincularon el rol de la educación pública con la movilidad social, incluido el de una madre que exhibió la foto del acto de colación de su hijo como símbolo del ascenso social que posibilita la universidad gratuita, en un marco de crítica a la política presupuestaria vigente.
Reclamos centrales y marco legal
El núcleo del reclamo fue la exigencia de cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, una norma que, según los organizadores, garantiza recursos estables y actualizaciones salariales al ritmo de la inflación. Los manifestantes recordaron que la ley fue aprobada por el Congreso y pidieron que el Poder Ejecutivo la implemente sin demoras. “Aplicar la ley ahora”, se leyó en una de las pancartas, junto a pedidos de paritarias y de fondos para gastos operativos, con énfasis en el sostenimiento de servicios esenciales de docencia, investigación y atención hospitalaria.
Desde el Gobierno, la ministra de Capital Humano y el subsecretario de Políticas Universitarias sostuvieron que la única norma que respetarán es la de presupuesto, rechazando la ejecución plena del nuevo esquema de financiamiento. Esa postura fue replicada por rectores y gremios, que advirtieron sobre el riesgo de paralización en carreras, proyectos científicos y prestaciones clínicas. En el escenario, representantes del CIN remarcaron la necesidad de previsibilidad financiera y pidieron la intervención institucional para garantizar lo votado por el Congreso.
Cifras, partidas y efectos en universidades y hospitales
Los organizadores señalaron cifras que, a su entender, explican la tensión presupuestaria. Denunciaron que el Ejecutivo no distribuyó $80.000 millones destinados a hospitales universitarios según lo previsto por la ley, y que la asignación para las universidades quedó aproximadamente en la mitad de lo solicitado por los rectores. Además, destacaron la pérdida real de recursos: las transferencias a las casas de estudio registraron una caída acumulada del 45,6% entre 2026 y 2026, y la ejecución real del gasto universitario disminuyó un 29% en el mismo período, datos que enmarcaron como evidencia del deterioro.
De acuerdo con dirigentes gremiales y autoridades del CIN, estos números se reflejaron en cierres de cursos, vacantes sin cubrir y retrasos en mantenimiento e insumos. En los hospitales universitarios, según los testimonios leídos, hubo advertencias sobre posibles afectaciones en servicios clínicos si no se giran los fondos comprometidos. En la marcha se vieron carteles que cuestionaron la gestión de determinados funcionarios y que aludieron a investigaciones por presunto enriquecimiento, además de consignas que reclamaron mayor control estatal sobre la ejecución de partidas.
Actores presentes y derivaciones judiciales
La movilización contó con sindicatos docentes y no docentes —entre ellos Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, UDA, Ctera y Fatun—, autoridades del CIN y delegaciones estudiantiles de la FUA. También adhirieron movimientos sociales y fuerzas políticas opositoras. Entre las autoridades rectorales presentes se mencionaron a Anselmo Torres y Franco Bartolacci, quienes acompañaron la jornada. La protesta se replicó en decenas de ciudades del país, con columnas en provincias del Norte, el Centro y la Patagonia, en lo que los organizadores describieron como una federalización del reclamo.
En el escenario principal se leyó un documento consensuado que pidió la intervención de la Corte Suprema para garantizar la ejecución de la ley sancionada por el Congreso. En paralelo, el Poder Ejecutivo presentó un recurso federal extraordinario para cuestionar la obligatoriedad de la norma, que fue admitido por instancias judiciales y dejó en suspenso la ejecución inmediata de parte de sus disposiciones hasta que la Corte resuelva. Desde Economía se argumentó que cumplir plenamente la ley implicaría reasignaciones que podrían afectar la estabilidad macroeconómica, por el nivel de recursos a reorientar.
Rectores y gremios sostuvieron que la demora judicial y la falta de ejecución profundizan la crisis del sistema. Voces de primera generación universitaria relataban en la marcha cómo el acceso a la educación pública permitió su desarrollo profesional, y advertían que el deterioro salarial de docentes y no docentes se ubicó en su peor nivel en más de dos décadas. Familiares y estudiantes pidieron preservar a la universidad como motor de movilidad social y sostén de la salud pública, en línea con el pedido general de aplicar sin dilaciones la ley de financiamiento universitario.
