El martes 13 de octubre las calles de Caracas se convirtieron en el escenario de dos movilizaciones simultáneas que reflejaron la profunda polarización del país. A las 9:00 a.m, grupos sindicales iniciaron una marcha desde la esquina Corazón de Jesús, frente al Ipasme La Hoyada, con rumbo al Palacio de Miraflores. Su objetivo era presentar al Gobierno un documento con 50.000 firmas que demandaba un aumento salarial, la reactivación de las convenciones colectivas y la liberación total de los presos políticos.
En paralelo, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) convocó a sus militantes a la «Gran Marcha Trabajadores por la Paz», encabezada por el ministro de Interiores, Diosdado Cabello. El punto de encuentro de esta contramarcha se fijó en la plaza La Candelaria a las 10:00, desde donde se dirigieron hacia la Asamblea Nacional controlada por Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Reclamos de los sindicatos y la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos
Los manifestantes portaban pancartas con consignas como «salarios dignos ya» y «no estamos desfilando, estamos protestando«. Entre los firmantes se encontraban representantes del Colegio de Enfermeras de Caracas docentes universitarios y trabajadores de la salud. Ana Rosario Contreras, presidenta del colegio, señaló que la paz laboral estaba en manos de la encargada del Gobierno y, aludiendo a la supuesta alianza entre EE. UU. y la administración venezolana, criticó la influencia externa en los asuntos internos.
La Alianza por la Libertad de los Presos Políticos acompañó a los sindicatos con el objetivo de denunciar la existencia de 322 detenidos por motivos políticos, de los cuales 140 son militares y 31 extranjeros o de doble nacionalidad. La manifestación buscaba presionar a la mandataria interina para que anule la ley de amnistía que, según el ejecutivo, ha beneficiado solo a 8.600 personas y deja fuera a muchos próximos a ser liberados.
Contramarcha del oficialismo y la respuesta policial
Mientras los sindicatos avanzaban por la avenida Urdaneta fueron interceptados por piquetes de la Policía Nacional Bolivariana que bloquearon el paso a escasos metros de la sede del IVSS, impidiendo que la mayoría de los manifestantes alcanzara Miraflores. Sólo una comisión reducida, encabezada por José Gregorio Afonso, presidía de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios, logró cruzar el control y entregar el documento al despacho presidencial.
En la marcha del PSUV, los participantes corearon frases como «No tengo miedo, me lo quité, yo lo que quiero es un nuevo CNE«, denunciando la falta de credibilidad del Consejo Nacional Electoral. La presencia de Cabello reforzó la idea de que el oficialismo buscaba contrarrestar la visibilidad de la protesta sindical mediante una «contramarcha» que, según el coordinador de la Red Sindical Venezolana, Mauro Zambrano, tenía la intención de restar importancia a los reclamos salariales.
Contexto económico y demandas salariales
El salario mínimo en Venezuela sigue estancado en 130 bolívares mensuales (menos de un dólar) desde marzo de. Según el Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas), una familia de cinco miembros necesita 755,36 dólares para cubrir sólo la alimentación. El Gobierno, por su parte, ha introducido dos bonos que suman aproximadamente 240 dólares pero estos se pagan en bolívares a la tasa oficial y no se traducen en mejoras reales.
Los sindicatos exigen, además, el pago integral del bono de responsabilidad profesional para todo el personal de salud y educación, tanto activo como jubilado, y la inclusión de los bonos del Sistema Patria en el cálculo de los aguinaldos. Mauro Zambrano resumió la petición con la frase «simplemente queremos aguinaldos dignos«, mientras que los manifestantes también pidieron la reactivación de las negociaciones colectivas congeladas en.
En conjunto, ambas movilizaciones provocaron el cierre parcial de avenidas clave como UrdanetaUniversidad y Fuerzas Armadas generando un amplio impacto en la circulación del centro de la capital. Las protestas reflejan la creciente tensión entre la población trabajadora y el oficialismo, que continúa consolidando su poder mediante actos masivos mientras ignora las demandas de salarios justos y la liberación de los 322 presos políticos aún recluidos.
