El Gobierno de Pedro Sánchez se adentra en el parón veraniego bajo una intensa presión judicial. Las investigaciones se multiplican, afectando a altos cargos, exmiembros del Ejecutivo y figuras prominentes del PSOE así como al entorno familiar del presidente. Esta compleja red de casos ha generado una gran incertidumbre sobre el futuro político del partido.
Para entender la magnitud de la situación, es esencial analizar cada caso por separado. Hasta ahora, el único caso cerrado que ha reconocido Sánchez es el del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien fue condenado a 24 años de prisión por el cobro de sobornos en la compra de mascarillas durante la pandemia. En esta misma trama, también fueron condenados su exasesor, Koldo García Izaguirre, y el empresario Víctor de Aldama, quien evitó la cárcel gracias a su colaboración con las autoridades.
Investigaciones en curso
Además del caso Ábalos, existen otras investigaciones en curso que podrían tener un impacto significativo en el partido. Una de las más destacadas es la que involucra a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) donde se investiga un presunto patrón estructurado para amañar rescates y concesiones de infraestructuras durante la pandemia. Entre los casos más relevantes se encuentran los rescates de las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra por un total de 615 y 53 millones de euros respectivamente.
Cargos públicos imputados
En el Ministerio de Transportes, varios cargos públicos han sido imputados, incluyendo a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif y exsecretaria de Estado de Transportes, y Francisco Javier Herrero, exdirector de Carreteras. También están bajo investigación Jesús Manuel Gómez, exsubsecretario de Transportes, Álvaro Sánchez Manzanares, exsecretario general de Puertos del Estado, y Michaux Miranda, exjefe de personal de Adif.
La investigación de la SEPI
La Fiscalía Anticorrupción ha imputado a las tres personas que dirigieron la SEPI durante el Gobierno de Sánchez: Belén Gualda, Vicente Fernández y Bartolomé Lora. Además, se investiga a altos cargos como José Vicente Berlanga, expresidente de la empresa pública ENUSA, y Julián Mateos Aparicio, director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
El caso Leire Díez y la Guardia Civil
Uno de los casos que ha generado más inquietud es el de Leire Díez, donde se investiga si el PSOE pagó a la exmilitante para movilizar su estructura interna y torpedear actuaciones judiciales o policiales contra el partido y el Gobierno. Esta investigación ha puesto en el foco a la cúpula de la Guardia Civil, con imputaciones contra la directora general, Mercedes González, y su número dos, Manuel Llamas.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha exigido la dimisión de González y el cese de Llamas, debido a las imputaciones judiciales que pesan sobre ambos funcionarios. La investigación también incluye presuntas instrucciones de la cúpula a mandos de la UCO para evitar actuar con eficacia en investigaciones sensibles para los intereses políticos.
El entorno familiar de Pedro Sánchez
Pedro Sánchez ha querido diferenciar las causas que apuntan a su entorno familiar de las investigaciones que afectan al partido. Su esposa, Begoña Gómez, está imputada en una causa por su actividad en la Universidad Complutense y por supuestamente haber aprovechado su posición y contactos. Su hermano, David Sánchez, está involucrado en la adjudicación irregular de un puesto en la Diputación de Badajoz.
Además, el expresidente del Gobierno y líder espiritual del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado por el presunto cobro de comisiones por sus labores de influencia en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. El juez José Luis Calama también ha decidido abrir una causa separada para investigar el origen de las joyas halladas durante los registros en su despacho.
