Una investigación periodística ha expuesto una operación organizada que, bajo el nombre de Proyecto Júpiter, reúne a directivos empresariales, centros de pensamiento y agencias digitales con el objetivo declarado de afectar la imagen del presidente Gustavo Petro y del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Según documentos y declaraciones citadas en el reportaje, la iniciativa habría logrado reunir más de 7.000 millones de pesos (aproximadamente 2 millones de dólares) y capacitar a más de 40.000 trabajadores en lo que se describe como talleres destinados a generar miedo, indignación y incertidumbre.
El diseño de esta operación combina tres frentes: influencia política y legislativa para los comicios de 2026 y las regionales de 2027, una estrategia de transformación cultural desplegada dentro de empresas mediante talleres electorales, y una potente ofensiva de comunicación digital. En los nombres que aparecen vinculados figuran ejecutivos con presencia en conglomerados como Grupo Sura, Tecnoquímicas, Amarilo y Grupo Carvajal, además de la participación pública del estratega comunicacional Jaime Bermúdez Merizalde.
Estructura financiera y objetivos estratégicos
Los documentos filtrados presentan al Proyecto Júpiter como una campaña estructurada en tres ejes: influencia político-legislativa, transformación cultural y comunicación externa digital. En la práctica, esto se traduce en donaciones anónimas de empresas, convenios con think tanks y la ejecución de capacitaciones internas en las compañías para moldear opiniones entre empleados. El monto reportado —7.000 millones de pesos— es señalado por los organizadores como “no trivial”, y fue confirmado en foros donde Bermúdez participó como interlocutor ante cámaras de comercio y gremios.
Los actores regionales y los talleres
En regiones clave la operación se apoya en unidades locales: en la Costa Caribe opera la red ORIGEN, mientras en Bogotá coordina entidades como LIBERTANK. En el Valle del Cauca destaca la llamada Unidad de Acción Vallecaucana (UAV), liderada por figuras de familia empresarial e influyentes en la élite caleña, que habría realizado decenas de talleres con cientos de participantes y costos millonarios. Empresas como Postobón, Ingenio Incauca, Carvajal y Bivien aparecen mencionadas entre las que aportan o acogen actividades, mientras que el seguimiento nacional de los entrenamientos recaería en coordinadoras vinculadas a canales regionales como Telemedellín.
La ofensiva en medios y redes
La segunda gran pata del proyecto es la guerra digital. Los organizadores describen una fase inicial de ofensiva abierta para amplificar supuestos malestares y una fase de defensa destinada a posicionar a la empresa privada como pilar de gobernabilidad, articulada bajo la campaña #EstaEnNuestrasManos. Según las fuentes, la producción de contenidos es sostenida: se mencionan más de 1.700 piezas difundidas desde mayo y un ritmo de creación que supera las 40 piezas semanales en momentos puntuales, con un alcance estimado en torno a 17 millones de usuarios únicos.
Medios implicados y prácticas digitales
Entre los canales que habrían servido como amplificadores figura La Silla Vacía, referida en las pesquisas como un actor clave para escalar mensajes. También aparecen empresas de comunicación privadas y agencias como Vahos y Orozco, cuya trayectoria incluye acusaciones previas sobre operaciones de posicionamiento en redes. Un episodio citado en la documentación recuerda la creación de perfiles falsos en redes en 2017 ligado a asesores de comunicaciones, lo que evidencia tácticas de manejo de opinión que vuelven a aparecer en este esquema.
Riesgos para la legitimidad democrática
Lo que revelan estas piezas periodísticas no es sólo una táctica electoral, sino un entramado que mezcla dinero, lobby y producción masiva de contenidos con el objetivo de moldear percepción pública en favor de candidaturas de derecha. Para observadores, la consecuencia más grave sería el desgaste de la confianza en los procesos democráticos y la polarización intensificada por mensajes diseñados para provocar emociones negativas. Frente a ello, expertos en transparencia y comunicación exigen mayores medidas de fiscalización sobre el origen de los recursos y sobre la responsabilidad ética de empresas y medios involucrados.
El debate que abre Proyecto Júpiter obliga a preguntas sobre la frontera entre la libertad de expresión y la manipulación organizada: ¿cómo garantizar un entorno electoral informado cuando campañas sofisticadas combinan entrenamientos en empresas, redes de difusión y mensajes pagados que se presentan como orgánicos? La respuesta pública y regulatoria a estas prácticas será determinante para la percepción de imparcialidad en las próximas elecciones.
