En los últimos meses ha salido a la luz una trama que combina lobby, recursos empresariales y estrategias de comunicación digital para incidir en la arena política. Bajo el nombre de Proyecto Júpiter se agruparía una red que, según investigaciones periodísticas, acumula financiamiento, organiza capacitaciones en empresas y produce contenidos con alto impacto emotivo. La iniciativa habría sido descrita por sus propios promotores como un plan para generar miedo, indignación y incertidumbre en sectores laborales y en audiencias digitales, apuntando específicamente contra el presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda.
La operación, coordinada por figuras con larga trayectoria en la comunicación política, se presenta como un esfuerzo institucional de carácter privado y corporativo. En este marco se mencionan cifras concretas: cerca de 7.000 millones de pesos recaudados —equivalentes a alrededor de 2 millones de dólares— y la ejecución de miles de piezas digitales y talleres destinados a empleados de grandes compañías. Estos elementos han encendido el debate sobre transparencia, ética empresarial y la relación entre medios y poder económico.
Origen y liderazgo del plan
Al frente del proyecto figura el comunicador Jaime Bermúdez Merizalde, quien acumula trayectoria en círculos conservadores y cargos públicos. En el relato de la investigación se destaca su vinculación con varios conglomerados y su presencia en consejos directivos de firmas como Grupo Sura, Tecnoquímicas y Grupo Carvajal, así como en instancias académicas. Bermúdez también ha sido señalado por acuerdos anteriores, entre ellos uno por 534 millones de dólares con la USAID, que generó cuestionamientos por el manejo de recursos. Su papel en Proyecto Júpiter habría sido el de coordinador estratégico y enlace con las empresas que aportan fondos de forma reservada.
Tres ejes de acción
Según los documentos filtrados, el operativo se estructura en tres frentes: influencia política y legislativa, transformación cultural mediante talleres en empresas y una ofensiva de comunicación digital. El primer eje busca incidir en procesos electorales y regionales; el segundo se materializa en actividades internas en compañías para moldear opiniones de empleados; y el tercero despliega contenidos en redes y medios para amplificar mensajes críticos contra el gobierno y favorecer candidaturas de derecha. Esta estructura multifacética combina gasto, movilización presencial y amplificación digital.
Transformación cultural en empresas
La llamada transformación cultural se tradujo en cientos de talleres impartidos por think tanks y organizaciones aliadas, con especial concentración en regiones como Valle del Cauca y Antioquia. En Valle del Cauca, una unidad creada por élites locales habría realizado al menos 31 talleres en menos de quince días, con un costo reportado de 118 millones de pesos y un alcance de más de 11.000 personas en esa región. Entre las empresas vinculadas aparecen nombres como Postobón, Ingenio Incauca y Carvajal. Estas acciones buscan reconfigurar percepciones internas y promover narrativas críticas hacia Petro y Cepeda, según fuentes locales.
Guerra digital y amplificación
El componente digital es el más agresivo y sistemático: redes, páginas y una red de influenciadores que habrían distribuido más de 1.700 piezas y producido alrededor de 40 piezas semanales. El operativo pretende llegar a grandes audiencias; sus responsables afirman haber alcanzado a 17 millones de colombianos únicos y crear comunidades con la etiqueta #EstaEnNuestrasManos, que supera el millón de seguidores en varias plataformas. En este frente emergen sitios y agencias involucradas en la difusión, entre ellas La Silla Vacía y plataformas asociadas a consultoras digitales. También se mencionan empresas como Vahos y Orozco y su relación con la creación de perfiles en redes para campañas.
Actores, testimonios y repercusiones
Varios nombres clave aparecen en la investigación: dirigentes empresariales, familias relacionadas con élites regionales y coordinadores de medios. Se habla de enlaces directos con empresas que aportan recursos de forma anónima y de coordinadores locales que reportan el número de talleres realizados. Además, se han citado casos donde material difundido en formatos digitales ha sido reutilizado en capacitaciones empresariales para insinuar responsabilidad del gobierno en hechos violentos, como un video difundido por Marta Lucía Ramírez en agosto de 2026 que se habría usado en esos espacios.
Qué está en juego
La suma de capital, contactos y capacidad de producción de contenidos plantea un desafío para la transparencia democrática: cuando empresas y consultoras financian campañas indirectas y cultivan audiencias internas, la línea entre comunicación legítima y propaganda se difumina. La investigación sugiere que no se trata solo de competir por votos, sino de construir condiciones culturales y mediáticas que favorezcan candidaturas específicas. En este tablero, la discusión pública sobre regulación, ética empresarial y responsabilidad de los medios se vuelve central para entender cómo se moldean las preferencias ciudadanas en tiempos de alta polarización.
