El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha iniciado una investigación sobre la DEA debido a una polémica estrategia que permitió el flujo de fentanilo a las calles. Según informantes de la agencia, los agentes fueron instruidos para no intervenir en el decomiso de cientos de miles de pastillas, lo que podría violar normas del Departamento de Justicia destinadas a proteger a las comunidades.
Esta investigación surge tras revelaciones de que, entre 2023 y 2025, la DEA permitió que más de 3 millones de pastillas de fentanilo llegaran a las calles. En Albuquerque agentes observaban desde helicópteros y vehículos de vigilancia cómo distribuidores entraban a hoteles con mochilas que contenían hasta 100 mil pastillas. Según la propia agencia, siete de cada 10 pastillas contienen suficiente droga para causar una sobredosis mortal.
La estrategia de ‘dejar caminar’ las drogas
La táctica conocida como ‘dejar caminar’ las drogas consistía en permitir que grandes cargamentos de fentanilo llegaran a las calles para fortalecer investigaciones y desmantelar estructuras completas. Sin embargo, esta estrategia ha sido cuestionada por el riesgo que implica dejar circular cantidades potencialmente letales de la droga.
El presidente del Comité de Supervisión, el congresista James Comer solicitó registros relacionados con esta práctica al secretario de Justicia Todd Blanche. Comer señaló que una política que ordenara no interceptar grandes cargamentos sería inconcebible y habría provocado daños y pérdida de vidas.
Cambios en los protocolos y demandas legales
Los protocolos establecidos en indicaban que los agentes debían incautar o impedir la distribución del fentanilo tan pronto como fuera posible. Sin embargo, el Departamento de Justicia modificó las normas en para otorgar mayor discrecionalidad a las autoridades cuando consideraran que continuar una investigación podía generar mayores beneficios.
El fiscal general de Nuevo MéxicoRaúl Torrez presentó una demanda contra el Departamento de Justicia para obtener registros relacionados con estas operaciones. Además, el organismo de control interno del Departamento de Justicia anunció una revisión nacional para determinar si esta estrategia fue utilizada en otras regiones de Estados Unidos.
El doble rasero de Washington
Esta polémica no es la primera vez que Estados Unidos es acusado de tener un doble rasero en la lucha contra el narcotráfico. En la década de 1980, se reveló que la CIA había facilitado el trasiego de cocaína para financiar la guerra contra el gobierno nicaragüense. Más recientemente, entre 2009 y 2011, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos permitió la venta y el tráfico ilegal de más de 2 mil armas de fuego hacia México, a sabiendas de que serían usadas contra policías y civiles mexicanos.
La hipocresía también se extiende al ámbito financiero. Hace un año, el Departamento del Tesoro forzó el cierre de dos bancos y una casa de bolsa mexicanos por manejar menos de 17 millones de dólares de procedencia ilícita. En contraste, el mismo Tesoro impuso una multa irrisoria a UBS Financial Services pese a que esta filial del grupo financiero suizo realizó transferencias internacionales de más de 10 mil millones de dólares sin monitorear el posible origen ilícito de los recursos.
Estos hechos confirman que a Washington no le interesa combatir el crimen organizado dentro de sus fronteras ni evitar que las drogas lleguen a sus ciudadanos, sino usar el narcotráfico como pretexto para interferir en otros países. En los hechos, hay una protección sistemática y bipartidista al multimillonario negocio de los estupefacientes.
