En una conferencia anual que concentró la atención de decenas de medios, Carlos Slim confirmó que su conglomerado planea destinar 5 mil millones de dólares a proyectos en México para 2026 y aprovechó para reprochar a dos calificadoras internacionales. El empresario consideró «irracional» la reciente decisión de Moody’s de rebajar la nota soberana a Baa3 y la modificación de perspectiva de Standard & Poor’s, argumentando que las mediciones no consideran el destino productivo de la deuda ni las transformaciones del mercado laboral.
Durante su intervención estuvieron presentes colaboradores cercanos, lo que ayudó a subrayar la relevancia del anuncio para empresas como Grupo Carso, América Móvil y Grupo Inbursa. Slim defendió que México reúne condiciones atractivas para la inversión, resaltó la mayor participación femenina en el empleo y recordó la interdependencia económica con Estados Unidos, elemento que, según él, reafirma el papel estratégico del país en cadenas industriales clave.
Críticas a las agencias y comparaciones internacionales
Slim cuestionó las metodologías con las que se emiten las calificaciones, señalando que se suelen ponderar indicadores como la relación deuda/PIB sin evaluar el uso del gasto público. A modo de contraste, mencionó que la proyección de deuda cercana al 60% del PIB para México no es comparable con cifras de otras economías, citando estimaciones que sitúan a Estados Unidos alrededor del 130% del PIB y a Brasil en torno al 80% del PIB. Para el empresario, estas cifras relativizan la alarma y plantean que la nota soberana requiere un análisis más amplio que contemple inversión productiva y competitividad.
Dónde irá el dinero: sectores y prioridades
El grupo empresarial anunció que los recursos se orientarán principalmente a infraestructura, energía y telecomunicaciones. En energía, Slim señaló la participación en el desarrollo del Campo Ixachi, con alrededor de 32 pozos perforados que aportan cerca de 2 mil barriles diarios, y descartó entrar en proyectos de fracking. También insistió en la necesidad urgente de inversiones en transporte, generación eléctrica y sistemas de agua para sostener el crecimiento económico regional y nacional.
Telecomunicaciones y el registro obligatorio
En materia de telecomunicaciones, el empresario pidió revisar el registro obligatorio de telefonía móvil vinculado a la CURP, que contempla el corte de servicio para líneas no registradas antes del 30 de junio. Slim expuso que el plazo es estrecho y que la mayor dificultad técnica está en el mercado de recargas: el segmento prepago concentra aproximadamente el 80% de las líneas activas. Según datos citados, al 19 de mayo de 2026 se habían registrado 49,541,262 líneas, dejando pendientes cerca de 95.2 millones de usuarios; las tasas de avance varían por operador, y Telcel mostraba uno de los porcentajes más bajos.
Riesgos estructurales y diálogo con el gobierno
Entre los principales riesgos que mencionó, Slim destacó la baja producción petrolera y el elevado endeudamiento de Pemex. Recordó que México llegó a producir más de 3 millones de barriles diarios entre 2000 y 2006, y advirtió que la capacidad actual está muy por debajo de esos volúmenes históricos, lo que exige atención estratégica y financiamiento. Al mismo tiempo, reconoció la voluntad del gobierno de Claudia Sheinbaum para atraer capital, celebró la creación del Consejo Nacional como parte de Plan México y valoró el diálogo para simplificar trámites y habilitar una ventanilla única que facilite los proyectos en estados y municipios.
Impacto esperado y conclusiones
Slim aseguró que el grupo intensificó su plan de inversiones y espera que los proyectos comiencen a materializarse en el horizonte cercano, con efectos positivos en empleo e infraestructura. Subrayó que una coordinación público-privada más fluida puede acelerar iniciativas vinculadas al T-MEC y a la incorporación tecnológica. Al cerrar, el magnate apeló a que las decisiones sobre calificaciones consideren el panorama productivo y que la llegada de capital privado sea vista como un motor para la recuperación económica y la mejora de servicios esenciales.
