La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) presentó ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes un informe que detecta lo que califica como un incremento patrimonial injustificado en las declaraciones de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana. El documento, divulgado públicamente a través del Reporte Coronell en Caracol Radio, compara los bienes consignados por la magistrada con datos de entidades tributarias y otras fuentes oficiales, y subraya discrepancias relevantes que motivan la investigación.
Según el análisis de la UIAF, hay diferencias importantes entre lo que figura en las declaraciones de renta de Lombana y lo que registran la Dian y otros sistemas de información. La magistrada ha rechazado las imputaciones, calificándolas de persecución política, y ha ofrecido explicaciones basadas en indemnizaciones, herencias y beneficios de su condición de militar retirada. El informe será materia de estudio en la Cámara mientras las autoridades fiscalizadoras evalúan la documentación adicional presentada por la defensa.
Cómo evolucionó el patrimonio según la UIAF
El expediente de la UIAF reconstruye la trayectoria patrimonial de Cristina Lombana desde antes de su llegada a la Corte. En 2017 el reporte ubica su patrimonio en $651 millones; al asumir funciones en 2018 la cifra registrada fue de $1.018 millones y, para 2026, el total declarado ascendió a $3.402 millones. Estas variaciones, que multiplican por cinco el monto inicial, despertaron la atención de los órganos de control y motivaron la solicitud del análisis por parte de la Cámara de Representantes.
Diferencias verificadas y proporción de sustentos
El informe apunta que, en 2026, Lombana consignó un patrimonio de $2.469 millones, pero la revisión tributaria solo pudo respaldar $596,5 millones mediante comprobantes fiscales y avalúos oficiales, lo que genera una brecha de $1.873 millones. Entre 2026 y 2026 la UIAF calcula un promedio anual de diferencia patrimonial de $2.025 millones, y constata además que solo el 33% del patrimonio declarado está respaldado por datos reportados por terceros.
Activos inmobiliarios y valoraciones
La auditoría de la UIAF identifica a la magistrada como titular de trece matrículas inmobiliarias ubicadas en ciudades como Bogotá, Medellín, La Calera y Ricaurte. Siete de esas propiedades aparecen inscritas directamente a su nombre; el informe compara el avalúo catastral con la estimación del mercado y concluye que, según valores catastrales, esas siete propiedades suman $1.142 millones, mientras que su avalúo comercial las ubica en torno a $2.916 millones. Esa diferencia entre avalúo catastral y valor comercial es relevante para explicar, en parte, las divergencias entre lo declarado y lo identificado en registros públicos.
Movimientos bancarios y flujos familiares
La revisión de movimientos financieros entre septiembre de 2019 y diciembre de 2026 registra depósitos por un total de $6.103 millones y retiros por $6.007 millones. La UIAF destaca que la mayor parte de los ingresos familiares corresponde a la propia magistrada; su esposo, el abogado Leonardo Andrés Carvajal Velázquez, figura con variaciones patrimoniales ligadas a mecanismos de apalancamiento financiero y a su vinculación contractual con la Defensoría del Pueblo.
Defensa de la magistrada y alegatos de persecución
Ante los señalamientos, Cristina Lombana ha explicado que el crecimiento de su patrimonio obedece a cobros por pólizas de seguros tras superar un cáncer, a la recepción de un apartamento como resultado de un litigio y a herencias en dos ocasiones: una por el fallecimiento de su abuela y otra por la muerte de su madre, en la que recibió $20 millones compartidos con otro heredero. También mencionó ahorros sistemáticos —entre el 10% y el 30% de su salario— depositados en una Cuenta AFC, además de la pensión por invalidez como militar retirada y la remuneración derivada de su cargo actual.
Acusaciones de motivación política
Lombana ha sostenido que el informe de la UIAF forma parte de una campaña de persecución impulsada, según sus declaraciones públicas, por el ministro del Interior, Armando Benedetti, y con presunta intervención del exdirector de la UIAF, Luis Eduardo Llinás, y de la representante a la Cámara Gloria Elena Arizabaleta. Las autoridades competentes deberán ahora confrontar esa versión con la evidencia documental y las explicaciones presentadas por la defensa de la magistrada.
Próximos pasos y alcance del proceso
El informe de inteligencia financiera solicitado por la Comisión de la Cámara supone el inicio formal de una fase de verificación y de posible indagación administrativa o judicial. La UIAF ha entregado sus conclusiones a los órganos de control y la investigación seguirá su curso conforme se aporten más documentos, avalúos y pruebas. En paralelo, la magistrada mantiene su postura de que los aumentos patrimoniales tienen origen legítimo y requerirán de análisis detallados para dirimir la existencia o no de irregularidades.
