La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) elaboró un documento de inteligencia solicitado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes que pone bajo escrutinio el patrimonio de la magistrada Cristina Lombana. El informe, identificado con el número 10513, examina variaciones patrimoniales, declaraciones tributarias y la existencia de inmuebles registrados a nombre de la magistrada en distintas ciudades.
Según el análisis, el patrimonio declarado por la magistrada habría pasado de 651 millones de pesos en 2017 a 3.402 millones en 2026. El informe incluye, además, revisiones de los registros del esposo, el abogado Leonardo Andrés Carvajal Velásquez, cuyos ingresos reportados muestran incrementos notables entre 2026 y 2026.
Hallazgos principales del informe
El documento de la UIAF señala un esquema de crecimiento patrimonial cuyo origen no queda explicado con la información presentada en las declaraciones. En términos técnicos, la entidad señala indicios de enriquecimiento no justificado, entendiendo este concepto como aumentos de bienes o ingresos que no se respaldan con las fuentes declaradas. El informe reporta discrepancias entre el valor real de los inmuebles y lo consignado en las declaraciones de renta, además de un registro de propiedades en Bogotá, Medellín, La Calera y Ricaurte.
En la sección dedicada al entorno familiar, la UIAF documenta variaciones en las declaraciones de renta del señor Carvajal, quien según el informe declaró ingresos de 63.056.000 pesos en 2026 y luego aproximadamente 180.231.090 pesos en 2026. El análisis también enfatiza que el incremento patrimonial se percibe sostenido a partir de 2018, año en el que la magistrada asumió funciones en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.
Respuesta de la magistrada y el contexto político
Ante la difusión del informe, la magistrada Cristina Lombana rechazó las conclusiones y aseguró que las observaciones obedecen a una persecución política. Lombana atribuye el aumento patrimonial a varios factores personales y legales: cobros de pólizas de seguro tras un diagnóstico de cáncer, el cobro de una indemnización resultado de un pleito con la empresa Bienes & Bienes, dos herencias familiares y un régimen especial que le permite recibir asignación pensional por invalidez y salario como magistrada.
La magistrada también ha señalado a figuras políticas como el ministro del Interior, Armando Benedetti, y a ciertos exdirectores de la UIAF como partícipes de un supuesto intento por desacreditarla, en un episodio que se mezcla con investigaciones previas que ella adelantó contra miembros del poder político. Por su parte, la denuncia de Benedetti motivó una investigación formal ante la Comisión de Acusaciones por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
Antecedentes y señalamientos cruzados
El contexto incluye episodios recientes de confrontación política y alegatos públicos entre la magistrada y otros actores. En paralelo, la UIAF ha enfrentado cuestionamientos institucionales, incluida su suspensión temporal del grupo de intercambio internacional Egmont, hecho que suma capas al debate sobre la imparcialidad y el uso de informes de inteligencia financiera en procesos disciplinarios y judiciales.
Implicaciones legales y pasos a seguir
El informe de la UIAF ahora forma parte del expediente que examina la Comisión de Investigación y Acusación. Aunque los informes de inteligencia aportan elementos de análisis, la propia entidad advierte que estos documentos no constituyen, por sí mismos, valor probatorio en procesos judiciales o disciplinarios. La causa seguirá su trámite en la Comisión, donde se podrán solicitar pruebas adicionales, audiencias y aclaraciones sobre las fuentes de los fondos reclamados.
En términos prácticos, las próximas etapas incluyen la evaluación de la documentación complementaria, la posible citación a declarar de la magistrada y su esposo, y el cotejo de avalúos, pólizas, sentencias indemnizatorias y documentos hereditarios que respalden las explicaciones ofrecidas por Lombana. Mientras tanto, la controversia plantea preguntas sobre la relación entre inteligencia financiera, control disciplinario y la dinámica política en la administración de justicia.
Qué permanece abierto
Quedan pendientes aclaraciones sobre el origen exacto de los recursos que explican el salto patrimonial, la evaluación técnica de los avalúos inmobiliarios y la determinación de si hubo o no un trato preferencial o maniobras contables para reducir impactos tributarios. El desarrollo del expediente y las decisiones de la Comisión serán determinantes para dirimir si las observaciones de la UIAF se traducen en sanciones o si, por el contrario, las pruebas presentadas por la magistrada desvirtúan las sospechas.
