Gianinna Maradona habló con claridad sobre lo que, en su opinión, fue mucho más que una cadena de negligencias: un plan dirigido que acabó con la vida de su padre, Diego Armando Maradona. En sus intervenciones públicas y ante medios, la hija del astro no sólo cuestiona al equipo sanitario que lo asistió tras la operación por un hematoma subdural en la cabeza, sino que también señala a figuras del entorno que, según ella, buscaron beneficios económicos y control sobre la imagen del exfutbolista. Esta visión combina testimonios, audios incautados y decisiones administrativas que hoy forman parte del proceso judicial.
El reclamo de Gianinna incluye la petición expresada ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro: que se incorporen nuevos responsables a la causa. Para ella, nombres como Matías Morla, Maximiliano Pomargo y Vanesa Morla deben ser investigados por su participación en la gestión del patrimonio y en las decisiones sobre la salud de Diego. La frase que reiteró en diversas oportunidades es directa: había un plan perfecto para alejarlo de ciertos controles y aprovechar comercialmente su figura, y eso, en su lectura, terminó en la muerte ocurrida el 25 de noviembre de 2026.
Acusaciones puntuales y el rol de los allegados
En su relato, Gianinna destaca la transferencia de marcas y derechos a través de sociedades como Sattvica y la centralidad que, según ella, tuvo el exrepresentante. Sostiene que esas operaciones no fueron inocentes y que reflejaban un afán de concentración patrimonial que, en la práctica, dejó a Diego en manos de quienes manejaban contratos y decisiones públicas. Además, subrayó que hubo audios y comunicaciones que vinculaban a varias personas del entorno con las rondas de decisiones sobre viajes, apariciones y contratos, y que esos registros fueron claves para entender la dinámica de poder alrededor del jugador.
Quiénes pide que sean investigados
Gianinna mencionó nombres concretos que, a su juicio, faltan en la imputación formal: además de Matías Morla, citó a Maximiliano Pomargo y a familiares directos del representante que, según ella, cobraban porcentajes por la gestión. En varios pasajes recordó que existían pedidos de dinero y convenios que no podían explicarse sólo como gestiones profesionales. Para la hija del Diez, la presencia de esos actores en las conversaciones y la existencia de registros grabados refuerzan la necesidad de ampliar la investigación y examinar la conexión entre negocios y cuidados médicos.
El equipo sanitario y las decisiones médicas cuestionadas
El juicio que instruye el TOC N°7 incluye a siete imputados del área de salud: entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, además de profesionales de enfermería y coordinación médica. Gianinna afirmó que quienes estaban a cargo no actuaron con la debida diligencia y que, en muchos momentos, primaron criterios ajenos a la salud de Diego. En su discurso señala una mezcla de omisiones: controles de signos vitales que no se realizaron, supervisión insuficiente y una administración de medicamentos y alcohol que, combinados, resultaron letales.
La internación domiciliaria y sus implicancias
La opción por una internación domiciliaria tras la cirugía en Clínica Olivos fue, según Gianinna, el centro de una estrategia que buscaba mantener el control sobre el paciente fuera de un ámbito institucional. Ella aseguró que esa alternativa fue convincentemente planteada por el equipo médico y facilitada por quienes gestionaban la agenda de Diego. Para la hija, esa decisión tuvo consecuencias prácticas y legales: limitó la supervisión clínica intensiva y favoreció la interlocución de personas que no siempre priorizaron la salud por sobre otros intereses.
Audios, teléfonos y la percepción familiar
Parte de la acusación pública descansa en registros y comunicaciones secuestradas durante las investigaciones: audios que, según la familia, muestran maniobras para cubrir responsabilidades o desplazar culpas. Gianinna insistió en que esos materiales prueban la existencia de papeles y órdenes que deben ser analizados con detenimiento por la Justicia. Ella también criticó la actitud de algunos acusados que, en su criterio, intentan trasladar responsabilidades al núcleo familiar cuando la evidencia señala decisiones profesionales y contractuales.
Impacto personal y memoria afectiva
Más allá de la argumentación judicial, Gianinna habló del vínculo entre su hijo Benjamín y su abuelo, una relación que describió como revitalizadora en los últimos años de Diego. Contó que los gestos cotidianos con su nieto fueron momentos de ternura y cercanía que hoy pesan en el duelo familiar. También dijo que recibe señales y recuerdos que le otorgan consuelo, y que su demanda de justicia persigue tanto la sanción penal como el reconocimiento público de lo que, para ella, fue una secuencia de decisiones evitables.
El estado del proceso
El tribunal integrado por los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani continúa la causa en San Isidro, donde la Fiscalía sostiene la hipótesis de responsabilidad por omisiones y fallas en la atención. Gianinna, que ya declaró en el segundo juicio tras la nulidad del primero, reclama que la investigación avance incorporando nuevas pruebas y, eventualmente, nuevos imputados. Su postura mantiene la tensión entre el ámbito judicial y la esfera mediática, mientras la causa sigue su curso y la familia demanda respuestas definitivas.
