La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, difundió un mensaje en video en el que rechaza categóricamente haber autorizado o conocido la presencia de personas extranjeras —en referencia a la CIA— durante el desmantelamiento de un laboratorio de drogas en el municipio de Morelos. El operativo, realizado en la Sierra Tarahumara, dejó aseguradas grandes cantidades de precursores químicos y alrededor de 2.000 litros de metanfetamina. En su declaración la gobernadora subrayó que las acciones se condujeron con respeto a la legalidad y con personal formado en investigación policial, y pidió que las investigaciones sigan sin interferencias políticas.
El tema tomó mayor relevancia pública porque la Fiscalía General de la República (FGR) realiza una indagatoria sobre la supuesta participación de agentes de la CIA en el operativo del 18 de abril, y porque el 19 de abril ocurrió un accidente vial que costó la vida a dos de los cuatro agentes involucrados según informes, además del director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y un elemento policial. La situación ha generado tensiones entre autoridades locales y federales, y ha abierto preguntas sobre protocolos de colaboración internacional y soberanía.
Reacciones oficiales y contexto del operativo
En su mensaje, Maru Campos recalcó que el operativo fue planeado y ejecutado por personal capacitado del estado, y negó en todo momento haber autorizado la entrada o la participación de “personas extranjeras”. La mandataria, afiliada al Partido Acción Nacional, defendió el resultado de la acción en la Sierra Tarahumara como un golpe contundente al narcotráfico: «con esta acción evitamos millones de dosis», afirmó. A la par, el gobierno federal, representado por la presidenta Claudia Sheinbaum, expresó que no hubo autorización por parte de su administración para la participación de agentes extranjeros y señaló posibles violaciones a la constitución y a la ley de seguridad nacional.
Investigaciones en curso
La FGR abrió una pesquisa sobre la presunta intervención de la CIA en el operativo del 18 de abril, mientras que en Chihuahua la fiscalía estatal, bajo el mando de la fiscal especial Wendy Chávez Villanueva, investiga las circunstancias y contactos previos. Chávez comentó que los cuatro agentes habrían acudido en dos ocasiones a instalaciones de la Fiscalía estatal antes del operativo, dato que la investigación estatal analiza con detalle. Estas versiones alimentan un debate sobre protocolos de coordinación y la documentación que permitió o negó la entrada de personal extranjero en acciones de seguridad.
Declaraciones contrapuestas
El 23 de abril, Claudia Sheinbaum declaró que, según su versión, o el gobierno estatal de Chihuahua o la Fiscalía estatal solicitaron colaboración a autoridades estadounidenses antes del operativo. Por su parte, Maru Campos ha solicitado transparencia plena y ordenó que la Fiscalía estatal continúe la investigación «hasta las últimas consecuencias», sin importar nombres ni cargos. La mandataria insiste en que en Chihuahua se actúa con «legalidad, responsabilidad y total transparencia» y que la investigación interna determinará si hubo irregularidades administrativas o violaciones legales.
Impacto político y acusaciones
La controversia pasó a terreno político: senadores de Morena han acusado a Campos de traición y de vulnerar la soberanía mexicana por supuestamente permitir la participación de agentes extranjeros, mientras que la gobernadora respondió denunciando que su administración ha sido objeto de ataques y desinformación. Campos contrapuso los resultados operativos —aseguramiento de precursores y metanfetamina— con señalamientos que, dijo, buscan desviar la atención frente a problemas de seguridad que afectan al país y a la gestión de su partido adversario.
Implicaciones regionales
Más allá de las acusaciones, el asunto influye en la relación entre Chihuahua y la federación y plantea interrogantes sobre la coordinación en seguridad con agencias extranjeras. La presencia, real o supuesta, de agentes de la CIA en uniformes de la AEI —según reportes— y el accidente fatal del 19 de abril que cobró vidas de agentes y funcionarios intensifican la exigencia pública de esclarecer los hechos. Mientras tanto, la Fiscalía estatal deberá presentar avances que permitan entender los roles y permisos existentes.
Próximos pasos y demandas de transparencia
La gobernadora ha instruido a la Fiscalía estatal a continuar la investigación sin contemplaciones y prometió cooperar con todas las instancias que legalmente lo requieran. La FGR mantiene su investigación federal, y los pronunciamientos públicos de Maru Campos y de la presidencia muestran una narrativa confrontada que será resuelta a partir de pruebas, testimonios y documentación oficial. La sociedad y los actores políticos permanecerán pendientes de las conclusiones, buscando respuestas claras sobre autorización, coordinación y cumplimiento de la ley.
