En un esfuerzo por fortalecer las investigaciones sobre las ópticas que operan en el centro de Santiago, la Municipalidad de Santiago, en colaboración con Carabineros y el Servicio de Impuestos Internos (SII), llevó a cabo un extenso operativo de fiscalización en calle Mac-Iver. Este operativo, realizado el 29 de julio de 2026, inspeccionó 84 establecimientos y detectó 16 locales con infracciones a la normativa municipal y tributaria.
El alcalde Mario Desbordes había anunciado previamente una ofensiva para detectar irregularidades sanitarias, tributarias y comerciales en este rubro, así como para colaborar con las instituciones competentes en la investigación de posibles delitos, como el lavado de dinero.
Detalles del operativo en calle Mac-Iver
El director de Seguridad de la Municipalidad de Santiago, Arturo Urrutia, explicó que este procedimiento forma parte del trabajo permanente de fiscalización que desarrolla el municipio. «Estamos en calle Mac-Iver fiscalizando ópticas junto a Carabineros, el Servicio de Impuestos Internos, Fiscalización Municipal y la Dirección de Seguridad. Sabemos que este rubro ha crecido de manera importante, por lo que queremos que todos funcionen conforme a la ley, con sus permisos y patentes al día. Esta es una de las muchas fiscalizaciones que realizamos en Santiago y las seguiremos desarrollando como parte de los lineamientos establecidos por el alcalde Mario Desbordes», afirmó.
Como resultado del operativo, 10 establecimientos fueron infraccionados por incumplimientos a la normativa municipal, mientras que otros seis registraron observaciones e infracciones cursadas por el SII. Entre las principales irregularidades detectadas figuraban locales que funcionaban sin patente comercial o sin autorización municipal, establecimientos cuya patente no autorizaba el giro de taller óptico que desarrollaban, y casos en que el local mantenía su patente vigente, pero operaba un taller en un piso inferior no autorizado.
Por su parte, el SII detectó laboratorios funcionando sin la documentación requerida o en ubicaciones distintas de las autorizadas, consultas oftalmológicas sin permisos, talleres no declarados, establecimientos que no emitían boletas y otras irregularidades tributarias asociadas al funcionamiento de estos recintos.
Expansión del sector y posibles vínculos con el crimen organizado
El explosivo crecimiento de las ópticas no se limita a la Región Metropolitana. Según un levantamiento de Colliers, actualmente existen 1.490 establecimientos de este tipo en la capital, de los cuales 579 se concentran en la comuna de Santiago. Este crecimiento ha levantado múltiples sospechas respecto a posibles vínculos con el crimen organizado.
El presidente ejecutivo del gremio Ópticas de Chile, Francisco Javier Vargas, sostiene que hay «indicios muy grandes» de que el crimen organizado está presente en la industria. Vargas alertó además que existen establecimientos informales que operan sin profesionales capacitados, sin equipamiento adecuado y fuera de la normativa sanitaria. El gremio ha entregado antecedentes al Ministerio de Salud, el Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, el Sernac, la Dirección del Trabajo, municipalidades y el Ministerio Público.
Vargas explicó que la regulación de las ópticas data de 1985 y que la falta de regulación y fiscalización ha permitido que algunas personas encuentren nichos para empezar a hacer cosas de forma ilegal, sin autorizaciones sanitarias y sin profesionales competentes. «Basta pasearse por el centro de Santiago y encontrar lugares donde dice ‘consulta oftalmológica gratis’. La primera pregunta es si hay un oftalmólogo adentro. No creo que así sea. También hay que preguntarse si tienen el equipamiento adecuado y los instrumentos que corresponden para hacer un examen visual como debe ser», afirmó.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, también ha expresado su preocupación por la posible presencia de crimen organizado en la industria óptica. Vargas añadió que este fenómeno no se limita a la Región Metropolitana, sino que se observa a nivel nacional, principalmente en las capitales regionales.
Desafíos en la fiscalización y regulación
Vargas señaló que, aunque las autoridades conocen estos antecedentes, ha sido difícil avanzar debido a la cantidad de actores involucrados. «No es que no se haya hecho nada. Se está haciendo, pero cuesta avanzar porque son muchos los actores involucrados. Es un tema sanitario, tributario, aduanero, laboral y municipal. Requiere tiempo, pero también necesita una respuesta urgente, porque esto es metastásico: se va contaminando todo», explicó.
El gremio ha manifestado esta situación en la Comisión de Salud del Senado y, a solicitud suya, la comisión ofició a distintas instituciones que tienen un rol en esta materia. Vargas enfatizó que es necesario un enfoque integral y coordinado para abordar este problema de manera efectiva.
