En un comunicado emitido ayer el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, sostuvo que «la administración Trump está utilizando todas las herramientas disponibles para combatir a los cárteles y exigir cuentas a quienes los apoyen». La frase, sin la tradicional fórmula institucional, fue percibida como una provocación directa al gobierno mexicano, que apenas unas horas antes había reiterado su postura sobre la defensa de la soberanía.
La postura de Washington y la designación de «terrorismo»
El presidente Donald Trump, a través del fiscal del Distrito Sur de Texas, Aaron Reitz, ha señalado que la calificación de ciertos cárteles como organizaciones terroristas otorga a las autoridades federales nuevas herramientas legales para desmantelar sus estructuras. Según Reitz, su oficina prevé presentar más casos invocando esa misma figura, pese a que la existencia de un «terrorismo» vinculante sigue sin demostrarse en el contexto del narcotráfico.
En paralelo, el Departamento de Justicia de EE.UU. había imputado, desde el 29 de abril, a diez exfuncionarios mexicanos por supuestos pactos con la facción «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa, entre ellos al gobernador interino Rubén Rocha Moya y al exsenador Enrique Inzunza Cázarez. Estas acusaciones forman parte del argumento estadounidense de que México necesita exponer, detener y procesar a oficiales corruptos que supuestamente facilitan el flujo de droga.
Respuesta de la presidenta Sheinbaum y defensa de la soberanía
Claudia Sheinbaum Pardo, presidente de la República, recordó en su discurso del 15 de septiembre que «cualquier pretexto para injerencia o intervención debe ser rechazado porque viola nuestra soberanía y nuestra independencia». La mandataria enfatizó que la memoria histórica es «el alma de los pueblos, el escudo contra cualquier injerencia» y subrayó la necesidad de proteger la independencia mexicana.
Durante la «Mañanera del Pueblo» del 17 de septiembre Sheinbaum cuestionó la hipocresía de los señalamientos estadounidenses, pidiendo a EE.UU. que muestre sus propios resultados contra la droga en territorio propio: «¿Dónde está el trabajo que se hace para detener a todos los cárteles o distribuidores de droga en los Estados Unidos?». Asimismo, reiteró que la violencia armada que atraviesa México se ve agravada por el flujo ilegal de armas provenientes de EE.UU., y aseguró que la persecución de funcionarios corruptos continuará siempre que existan pruebas, sin importar el partido político.
Desfase económico y crítica al discurso estadounidense
Una de las inconsistencias señaladas por analistas es que la mayor parte de los beneficios de la droga ilícita se generan en territorio estadounidense. Un gramo de cocaína pasa de costar entre dos o tres dólares en la selva sudamericana a aproximadamente 150 dólares en las calles de EE.UU., lo que representa un aumento del 5 000% al 8 000%. De este modo, los ingresos de los cárteles calificados como terroristas se comparan con una pizca frente a las fortunas que acumulan los capos que operan directamente en los Estados Unidos.
Ante esta disparidad, críticos sostienen que la política de «utilizar todas las herramientas» resulta más una maniobra de presión diplomática que una estrategia eficaz contra el narcotráfico. La presencia de Johnson, exmiembro de unidades de intervención y contra insurgencia, es interpretada por algunos como señal de deterioro institucional y de una voluntad de EE.UU. de imponer su visión sin respetar los marcos legales y de derechos humanos internacionales.
