En Mérida, Yucatán se llevaron a cabo dos sesiones extraordinarias virtuales del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC) en las que se resolvieron solicitudes ciudadanas y un procedimiento sancionador. Estas decisiones, explicadas públicamente por el propio instituto, buscan conjugar el respeto al marco jurídico vigente con medidas de acceso a la información para pueblos originarios.
Las resoluciones, que mantienen la legalidad como eje central, incluyen la determinación sobre la creación de un órgano de vigilancia para la participación política del pueblo maya y la conclusión final de un expediente referido a la presidencia municipal de Umán. En ambos casos, el Consejo General fundamentó sus acuerdos en el análisis técnico y jurídico de las solicitudes presentadas.
Determinación sobre el comité de vigilancia para la participación maya
Ante peticiones ciudadanas que proponían crear un consejo o comité de vigilancia destinado a dar seguimiento a mecanismos que garanticen la participación política igualitaria del pueblo maya, el IEPAC evaluó la viabilidad legal de dicha figura. Tras el estudio del marco normativo aplicable, el Consejo General concluyó que la institución planteada no puede materializarse bajo las normas actuales, por lo que se declaró su inviabilidad jurídica.
Motivos y alcance de la resolución
El análisis del IEPAC se centró en identificar si existía base normativa para instituir un organismo autónomo o paralelo que fiscalizara o diera seguimiento a políticas de inclusión étnica. El instituto determinó que, bajo las leyes y reglamentos vigentes, no se cuenta con la figura prevista por los solicitantes. No obstante, el Consejo reconoció la importancia del objetivo: promover la representación política equitativa y proteger derechos históricos de pueblos originarios.
Medidas alternas para facilitar la participación
Como respuesta complementaria, el IEPAC aprobó una versión en lectura fácil del acuerdo y anunció gestiones para obtener una traducción a lengua maya. Estas acciones buscan mejorar el acceso a la información y fortalecer la inclusión, permitiendo que la ciudadanía y comunidades originarias comprendan y ejerzan sus derechos políticos con mayor facilidad.
Archivo del procedimiento sancionador vinculado a Umán
En una segunda sesión extraordinaria virtual, el Consejo General resolvió un Procedimiento Ordinario Sancionador que involucraba a la presidencia municipal de Umán. Tras la valoración de las pruebas y el estudio jurídico correspondiente, se concluyó que no existieron las infracciones denunciadas, por lo que no se impuso ninguna sanción.
Conclusión técnica del expediente
El órgano electoral determinó la inexistencia de las conductas sancionables atribuidas en la denuncia, por lo que el expediente fue archivado como asunto total y definitivamente concluido. Esta decisión implica el cierre procesal del caso y la notificación a las partes interesadas sobre la resolución adoptada.
Implicaciones públicas y compromiso institucional
Con sus acuerdos, el IEPAC reiteró su compromiso con una democracia incluyente y el respeto a los derechos humanos, subrayando que la protección de la representación política debe ser compatible con el orden jurídico. Además de negar la creación del comité solicitado por razones legales, la institución adoptó medidas para aumentar la accesibilidad de la información hacia las comunidades indígenas.
Accesibilidad y legitimidad democrática
La aprobación de una versión en lectura fácil y la búsqueda de una traducción a lengua maya son pasos concretos para garantizar que la comunicación institucional no sea una barrera para la participación. El IEPAC enfatizó que estas gestiones permiten acercar procesos electorales y decisiones administrativas a sectores históricamente vulnerados, fortaleciendo así la legitimidad del sistema democrático.
Siguientes pasos y vigilancia ciudadana
Aunque la figura propuesta por la ciudadanía no prosperó por límites normativos, el instituto invitó a mantener el diálogo con organizaciones civiles y comunidades para explorar alternativas legales que promuevan la inclusión electoral. El llamado fue a instrumentar acciones dentro del marco legal, con transparencia y participación comunitaria, y a vigilar la correcta implementación de medidas de acceso a la información.
En resumen, las sesiones del 28 de mayo de 2026 dejaron dos resoluciones claras: la negativa a crear un órgano extraestatutario para vigilar la participación del pueblo maya por razones jurídicas, y el archivo definitivo de un procedimiento relacionado con la presidencia municipal de Umán al no comprobarse las infracciones denunciadas. Ambas decisiones enfatizan el balance entre legalidad, inclusión y responsabilidad institucional.
