El debate sobre la implementación de Zonas de Ubicación Temporal se ha convertido en un choque público entre el Ejecutivo y la rama judicial. En días recientes, la administración de Gustavo Petro impulsó la aceleración de esos espacios y solicitó a la Fiscalía la suspensión de órdenes de captura sobre jefes de bandas, incluyendo a Jobanis de Jesús Ávila, alias «Chiquito Malo«, lo que desató reparos por parte de operadores judiciales y expertos en seguridad.
La polémica ganó visibilidad tras una reunión celebrada el 13 de mayo en Bogotá y por la publicación de gestiones oficiales el 19/05/2026. El contexto electoral y la cercanía de movilizaciones colectivas elevan la preocupación por posibles efectos sobre el orden público y la credibilidad de un proceso que, según el gobierno, busca ofrecer alternativas al delito pero, según varios críticos, carece de respaldos legales y garantías suficientes.
Qué propone el gobierno
El Ejecutivo ordenó avanzar «rápido» en la puesta en marcha de cinco de las siete ZUT pactadas dentro de los procesos llamados de paz total. La idea es concentrar grupos armados en sitios rurales con adaptaciones similares a los antiguos ETCR del acuerdo de 2016, destinando inicialmente 100 cupos para miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) en el municipio de Valle del Guamuez, Putumayo. El comisionado de paz, Otty Patiño, y negociadores del gobierno han explicado que los acogidos ingresarán de civil y deben entregar sus armas a instancias de verificación como la MAPP-OEA, mientras que la vigencia prevista de las ZUT sería de 10 meses, prorrogables por la siguiente administración.
Resistencia judicial y límites legales
La Fiscalía rechazó dos veces la petición presidencial de suspender órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo y otros sujetos, alegando falta de información individual y la existencia de procesos internacionales: 13 son reclamados por tribunales de Estados Unidos. Esta decisión fue respaldada por la Corte Suprema de Justicia, que subrayó la imposibilidad de ciertas inhabilitaciones sin cumplimiento de requisitos. Para la Fiscalía, no existe un marco probatorio y procedimental que permita eximir responsabilidades penales mientras no se acrediten compromisos claros de desmovilización y reparación.
Aspectos jurídicos
La Ley de Paz Total (N°2272 de 2026) otorga facultades para dialogar con grupos armados, pero no define protocolos detallados para una desmovilización masiva de organizaciones sin carácter político. Especialistas señalan que abrir espacios sin marcos normativos claros para verificar el desarme, la verdad y la reinserción puede generar vacíos legales. Además, la existencia de ordenes de captura y procesos por extradición a terceros países complica cualquier excepción administrativa que pretenda dar trato diferenciado a cabecillas y sus redes logísticas.
Riesgos políticos y lecciones históricas
El experimento de concentración territorial recuerda episodios previos, como la zona de despeje de San Vicente del Caguán (1998-2002), utilizada por las Farc, que terminó siendo un semillero de crímenes y de expansión de actividades ilícitas. Analistas advierten que repetir errores de aquel periodo, ahora en plena campaña electoral y con movilizaciones previstas para después de la segunda vuelta, podría generar nuevas zonas de impunidad. Hay inquietud sobre quién evaluará resultados y si la iniciativa persigue mostrar avances rápidos antes de entregar el poder o pretende condicionar al próximo gobierno.
Implicaciones electorales y territoriales
La decisión de concentrar combatientes en ciertos municipios se interpreta en clave electoral: la presencia de grupos armados en territorios donde tienen control puede incidir en comicios locales y nacionales. Expertos en geopolítica recuerdan el impacto en la segunda vuelta de 2026 y advierten que sin controles robustos existe el riesgo de que las redes criminales mantengan influencia sobre comunidades. Además, la propuesta excluye explícitamente a extraditables, dejando fuera a dos jefes señalados del Clan del Golfo y de la CNEB, lo que alimenta debates sobre selectividad y equidad del proceso.
En el plano operativo, los números estimados aportan otra capa de complejidad: la CNEB se calcula en torno a 1.800 integrantes, mientras que al Clan del Golfo se le atribuyen cerca de 10.000 combatientes y redes de apoyo; para el piloto se citaron cifras de 100 a 500 participantes en las primeras ZUT. La tensión entre la prisa del gobierno por materializar un plan y la cautela de la Fiscalía y la Corte deja a la vista un pulso institucional que tendrá consecuencias en la seguridad territorial, la política criminal y, potencialmente, en los resultados electorales próximos.
