En un escenario donde el costo de construir sigue en alza y el acceso a la vivienda se volvió un problema central, la provincia de Chubut presentó un paquete de medidas orientadas a la construcción y la ampliación de unidades habitacionales. El proyecto está pensado para regir entre el 1° de junio de 2026 y el 30 de junio de 2027 y propone, entre otras cosas, la eliminación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y la exención de hasta el 100% del impuesto de sellos en instrumentos vinculados a las obras. La iniciativa busca abaratar el costo final de las obras y reactivar la industria local, en un intento por aliviar a familias y desarrolladores.
Los beneficios alcanzan a quienes inicien la construcción o realicen ampliaciones de una vivienda familiar o de un edificio residencial. Además del cero por ciento sobre ingresos brutos para la actividad, la norma contempla la exención parcial o total del impuesto de sellos aplicado a contratos de obra, financiamiento y garantías: el porcentaje dependerá de la cantidad de empleados y de la magnitud de la inversión. Para desarrollos, se exige que al menos el 70% de la superficie sea destinada a uso habitacional. Quedan fuera del régimen las construcciones con fines comerciales, industriales o de oficinas.
Alcance y condiciones
El esquema no sólo cubre proyectos nuevos sino que también incorpora obras en curso, siempre que su finalización se produzca antes del 31 de diciembre de 2028. La reglamentación operará a través de la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARPC), que definirá requisitos, controles y las escalas de exención. La propuesta incluye la pérdida automática del beneficio si se incumplen las condiciones declaradas, así como la posibilidad de que la ARPC reclame la deuda por vía administrativa o judicial, con las multas e intereses correspondientes, en caso de información inexacta o de no culminación en plazo.
Objetivos y respaldo
El gobernador Ignacio Torres explicó que la medida pretende reducir costos, estimular obras y generar empleo local, describiendo al Estado como un socio en lugar de un obstáculo para quienes construyen su casa. El anuncio contó con el acompañamiento de las principales cámaras del sector y de los gremios, entre ellos representantes de la construcción y de la UOCRA. El respaldo empresarial y sindical busca dar previsibilidad a los proyectos y asegurar que el incentivo tenga impacto real en la demanda de mano de obra y en la reactivación de la actividad.
Efectos esperados en el mercado
Los actores del mercado vienen reclamando por la carga fiscal que encarece las obras: impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales inciden en el precio final. Al focalizar el alivio en la construcción privada en lugar de en la compra de inmuebles terminados, la iniciativa pretende reducir el costo de producción de nuevas unidades, favorecer el empleo en la obra y dinamizar la cadena de proveedores. En la comparación con otras jurisdicciones, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene reglas de exención de sellos orientadas a la compraventa de vivienda única cuyo valor no supere $226.100.000, mientras que la Provincia de Buenos Aires aplica una alícuota del 2% en escrituras de compraventa.
Riesgos, controles y condiciones laborales
Para evitar abusos, la propuesta exige veracidad en las declaraciones y la aplicación de sanciones si se detecta irregularidad. Otro requisito destacado es la prioridad de mano de obra local: los proyectos deberán garantizar la contratación de trabajadores chubutenses de la localidad donde se ejecuta la obra. Esa condición busca multiplicar el efecto social de la medida, pero también plantea el desafío de supervisión y fiscalización por parte de la Provincia para asegurarse de que los beneficios fiscales se traduzcan en empleo genuino y no en traslados de beneficios a terceros.
Trámite legislativo y próximos pasos
La iniciativa fue enviada a la Legislatura provincial para su tratamiento y, de ser aprobada, su reglamentación quedará a cargo de la ARPC. En la práctica, la medida funcionará como un estímulo temporal proyectado a un año, con condiciones claras sobre plazos y cumplimiento. Los interesados —familias que construyen desde cero, propietarios que amplían su vivienda y desarrolladores residenciales— deberán seguir las normas que defina la Agencia para acceder a la exención y certificaciones correspondientes. El debate público continuará en la Legislatura mientras el sector analiza su potencial para abaratar proyectos y reactivar la actividad local.
