La Secretaría de Gobernación (Segob) informó el 29 de abril de 2026 que el acceso libre a Playa Las Cocinas, en Punta de Mita, quedará protegido conforme a la ley. El pronunciamiento surge después de días de movilizaciones ciudadanas contra un proyecto turístico que, según vecinos y activistas, estaría afectando la franja costera y limitando la entrada de la población a una zona frecuentada por pescadores, bañistas y tortugas marinas.
En su comunicado, la Segob señaló que la garantía del paso público será un criterio central en las decisiones relativas al desarrollo, y que se mantiene en coordinación con la Semarnat y la gobernación estatal de Nayarit. Además, la dependencia anunció la instalación de mesas de diálogo en las que participarán autoridades federales, estatales, la empresa desarrolladora y representantes de la comunidad para revisar avances y evaluaciones técnicas.
Antecedentes y protestas
Los reclamos ciudadadanos se intensificaron tras las labores de la empresa Cantiles de Mita, filial de Grupo Dine, que ha usado maquinaria pesada en la franja costera. Los residentes acusan la colocación de rocas y movimientos de tierra en terrenos que forman parte de la zona federal marítimo-terrestre (ZOFEMAT), lo que, de confirmarse irregularidades, violaría normas sobre uso de litoral y conservación.
Detenciones y movilizaciones
En el marco de las protestas, se reportaron enfrentamientos con policías estatales y la detención de tres manifestantes que documentaban las obras; posteriormente fueron liberados. Los bloqueos viales, marchas y la creación de comités vecinales elevó la tensión con las autoridades, que respondieron anunciando mesas de trabajo para evitar mayores confrontaciones. Organizaciones sociales y legisladores exigieron la intervención federal y la apertura de un diálogo encabezado por dependencias ambientales.
Respuesta institucional y medidas anunciadas
La respuesta oficial establece una ruta de seguimiento que incluye la participación de la Semarnat, la Profepa y las autoridades estatales. Estas instancias se comprometieron a realizar acciones de supervisión técnica y verificaciones para constatar que cualquier intervención cumpla con la normativa vigente y no afecte a la comunidad o a los ecosistemas locales.
Mesa de diálogo y verificación técnica
En la mesa acordada participarán representantes del desarrollo, habitantes de Punta de Mita y autoridades federales y estatales para revisar permisos y el expediente técnico del proyecto. Entre los documentos que exigen vecinos está la manifestación de impacto ambiental (MIA) y las autorizaciones de uso de suelo y de la ZOFEMAT. La verificación incluye inspecciones en sitio para constatar movimientos de rocas, alteración de vegetación costera y posibles afectaciones a zonas de anidación de tortugas.
Demandas de la comunidad y riesgos ambientales
Quienes protestan plantean tres exigencias claras: garantizar el libre paso a la playa, transparentar permisos y estudios ambientales, y detener cualquier obra que ponga en riesgo hábitats sensibles. Los activistas advirtieron que la instalación de escolleras, la remoción de vegetación y los rellenos podrían modificar dinámicas costeras y poner en peligro la reproducción de quelonios, un punto crítico en la valoración del proyecto.
Además, se cuestiona la ausencia pública de la MIA y la rapidez con que se instalaron equipos pesados en la arena, lo cual, según vecinos, demuestra una intención de avanzar antes de concluir los procesos de autorización. Legisladores y defensores del litoral han pedido la máxima transparencia y que cualquier obra se someta a evaluaciones independientes que consideren tanto la ecología como el uso público tradicional de la playa.
Próximos pasos y expectativas
Con la Segob como mediadora, la expectativa es que la instalación de mesas y las acciones de supervisión técnica permitan verificar el cumplimiento legal del proyecto y, en su caso, ordenar suspensiones o correcciones. El gobierno estatal, encabezado por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, participa en las conversaciones; la empresa desarrolladora ha defendido la inversión y la creación de empleos, pero ahora debe responder a los requerimientos de documentación y de convivencia social establecidos en los foros.
En síntesis, la protección del acceso público a Playa Las Cocinas fue reafirmada por la autoridad federal, mientras que las inspecciones ambientales y el diálogo público anuncian una fase de escrutinio técnico. La resolución del conflicto dependerá de la transparencia en la entrega de permisos, de los resultados de las verificaciones y de la capacidad de las partes para acordar medidas que preserven tanto el bienestar de la comunidad como la integridad del ecosistema costero.
