En el cierre de su visita de cuatro días a la capital mexicana, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, resumió ante la prensa sus hallazgos y preocupaciones. En encuentros con autoridades —entre ellas la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de Gobernación, la fiscal general y el presidente de la Suprema Corte—, así como con colectivos de familias de desaparecidos, Türk subrayó la magnitud del problema y la necesidad de respuestas técnicas y coordinadas. En un mensaje público compartido el 19 de abril de 2026, el funcionario también expresó solidaridad con las víctimas y ofreció acompañamiento institucional.
El alto comisionado recalcó que el fenómeno tiene efectos que van más allá del dolor individual: erosiona la confianza pública y genera exigencias de justicia y reparación. En su intervención pidió que el tema no se convierta en materia de confrontación política sino en el centro de una política de Estado. Sheinbaum reportó una «muy buena conversación» y, en su publicación del 23 de abril de 2026, habló de líneas de colaboración con la ONU en asuntos vinculados a pueblos indígenas, protección de activistas y la búsqueda de personas desaparecidas.
La dimensión del problema y lo que significa
Según los datos citados por organismos nacionales e internacionales, más de 132,000 personas permanecen registradas como desaparecidas en el país, cifra que ilustra la gravedad del fenómeno. Türk recordó la definición internacional de desaparición forzada como la privación de libertad por agentes del Estado o por terceros con su apoyo o aquiescencia, y advirtió que estas situaciones generan un sufrimiento prolongado para familias y comunidades. Al mismo tiempo, mencionó el informe del Comité de Desapariciones Forzadas que llevó el asunto a la Asamblea General, y la reacción contraria del gobierno que rechazó parte de esa evaluación.
Marco institucional y recomendaciones
El alto comisionado reconoció la existencia de un marco jurídico en México, entre ellos la Ley General de Desaparición y el Sistema Nacional de Búsqueda, así como la reciente actualización del protocolo nacional de búsqueda. No obstante, insistió en la necesidad de incrementar recursos y capacidades: fortalecer los procesos de identificación forense, mejorar las medidas de protección para buscadores y familiares, y potenciar las unidades de investigación. Türk ofreció apoyo técnico de la oficina de la ONU para acompañar esas reformas y su implementación efectiva.
Impunidad, seguridad y la protección de defensores
Otro eje recurrente en sus declaraciones fue la impunidad, identificada por víctimas y colectivos como la demanda central: procesos judiciales efectivos, reconocimiento del daño y garantías de no repetición. Türk vinculó la persistencia de desapariciones y otros delitos con la presencia de grupos delictivos organizados y con altos niveles de corrupción y fragilidad institucional, elementos que dificultan la recuperación del Estado de derecho y el disfrute pleno de los derechos humanos.
Protección de periodistas y medidas judiciales
Sobre la protección de periodistas y defensores, el alto comisionado valoró al Mecanismo de Protección como un referente regional por su gobernanza y participación de la sociedad civil, pero recomendó ampliar su capacidad preventiva y el acceso oportuno de quienes lo requieren. En materia procesal, expresó inquietud por la aplicación generalizada de la prisión preventiva oficiosa y alentó una mayor supervisión judicial, el uso de medidas alternativas y la evaluación caso por caso para preservar la presunción de inocencia y el debido proceso.
Diálogo y desafíos para una agenda de Estado
Türk indicó que encontró una disposición al diálogo y reconoció señales de voluntad política por parte del gobierno federal. Reiteró que hace falta un compromiso nacional que trascienda mandatos y posturas partidistas para construir procesos de verdad, transparencia y reparación. Señaló la importancia de coordinar a los distintos niveles de gobierno y de garantizar que las reformas judiciales preserven la independencia y la integridad de los órganos encargados de impartir justicia.
Para cerrar, el alto comisionado insistió en que la respuesta debe concentrarse en las víctimas y demandó que las estrategias combatan la impunidad mediante investigaciones sólidas y recursos suficientes. La oferta de asistencia técnica de la ONU quedó sobre la mesa como un instrumento para acompañar procesos de búsqueda, identificación forense y fortalecimiento institucional que, según Türk, son indispensables para avanzar hacia soluciones concretas.
