Una resolución judicial en Sonora detuvo el paso de grandes embarcaciones vinculadas al Proyecto Saguaro en el Golfo de California, en lo que las organizaciones demandantes celebran como una victoria provisional en defensa de las ballenas. El fallo concede un amparo que prohibe el tránsito de buques de más de 300 metros de eslora relacionados con la terminal proyectada en Puerto Libertad hasta que se dicte una sentencia definitiva. Esta medida sustituye una protección más débil de 2026 y se centra en impedir la llegada de buques ligados al proyecto antes de que la planta entre en operación.
Quienes promovieron la acción legal actúan en nombre de las ballenas y otros cetáceos, solicitando que el área sea reconocida como hábitat crítico según la Ley General de Vida Silvestre y la Constitución. La demanda enfrenta permisos autorizados por autoridades ambientales y busca frenar no sólo el tráfico de megabuques, sino también la construcción de la terminal y el gasoducto que la alimentaría desde Estados Unidos. Los argumentos científicos y jurídicos apuntan a riesgos palpables para la fauna marina y a potenciales fallas en la evaluación ambiental.
Qué prohíbe la orden judicial y por qué importa
La resolución impide específicamente que entren al golfo los buques de gas natural licuado (GNL) de más de 300 metros vinculados a la exportación desde Puerto Libertad. Para los demandantes esto significa una barrera contra impactos físicos como las colisiones, que son identificadas por especialistas como la causa principal de mortalidad en ballenas a nivel global, y contra efectos acústicos derivados del tránsito constante de grandes embarcaciones. El ruido submarino puede alterar la comunicación, la reproducción y las rutas migratorias de decenas de especies de cetáceos presentes en la zona.
Los protagonistas del litigio
La demanda fue promovida por una coalición que incluye la organización juvenil Nuestro Futuro, cuyo liderazgo público ha destacado la innovación legal de representar a la naturaleza. Nora Cabrera, cofundadora de la agrupación, enfatizó que la decisión demuestra que «las ballenas demandaron y están ganando». En el ámbito científico, especialistas como el doctor Omar García han alertado sobre la magnitud del peligro: las colisiones con megabuques de GNL pueden pasar inadvertidas para las tripulaciones y resultar letales para los cetáceos.
Implicaciones legales y ambientales
Los litigantes piden también que se anulen los permisos emitidos por autoridades ambientales y de seguridad al Proyecto Saguaro, además de la declaración formal del Golfo como hábitat crítico. Lograrlo significaría que cualquier megaproyecto en la región tendría que considerar de manera prioritaria el valor ecológico integral del área. La medida cautelar actual es provisional hasta la sentencia final, pero puede servir para frenar inversiones y obligar a revisiones técnicas más rigurosas en los procesos de evaluación ambiental y de permisos.
El proyecto y sus características técnicas
El terminal proyectado por la empresa privada contempla recibir gas natural desde el otro lado de la frontera, licuarlo y exportarlo hacia mercados asiáticos. Documentos públicos señalan que el plan incluye un gasoducto de alrededor de 800 kilómetros desde la cuenca del Permian Basin en Texas y una capacidad inicial de exportación superior a los 15 millones de toneladas anuales. El costo estimado del proyecto ha sido referido en medios en torno a los 15 mil millones de dólares, y la compañía promotora ha comunicado movimientos administrativos como el traslado de su sede.
Riesgos marinos además del choque
Más allá de las colisiones, el aumento del tráfico implica un escenario de fragmentación de hábitats, incremento de contaminantes y perturbación de las dinámicas ecológicas. Para las especies del Golfo, que alberga decenas de cetáceos, estas alteraciones pueden traducirse en menos éxito reproductivo y desplazamientos forzados. Los defensores del ecosistema subrayan que la región, reconocida por su biodiversidad, no es sólo un corredor de transporte sino un sistema vital para la vida marina.
El caso podría escalar a tribunales superiores dada su trascendencia ambiental y constitucional. Aunque la suspensión actual protege de inmediato contra el tránsito de grandes buques vinculados al proyecto, las organizaciones y científicos advierten que la batalla legal y técnica continúa: hacer valer un derecho a un ambiente sano frente a intereses energéticos plantea un debate complejo sobre prioridades públicas y la protección de especies frente a megaproyectos. La resolución marca un precedente y obliga a revisar cómo se conjugan desarrollo energético y conservación en un área clave del litoral mexicano.
