Un tribunal federal de Argentina ordenó la suspensión provisoria de la aplicación de la reciente reforma a la ley de glaciares dentro de la jurisdicción de Santa Cruz. La medida surge tras un recurso colectivo presentado por el Concejo Deliberante de El Calafate y responde al riesgo que, según el fallo, implicaría la entrada en vigor de un marco que delega decisiones técnicas a los gobiernos provinciales. El antecedente inmediato incluye la cercanía del municipio a uno de los hitos naturales más emblemáticos: el Perito Moreno, un glaciar que se extiende 30 kilómetros y se eleva cerca de 70 metros, ubicado a unos 80 kilómetros del pueblo.
La reforma fue aprobada por el Congreso el 9 de abril y posteriormente promulgada por el Ejecutivo mediante el Decreto 271/2026 como Ley No. 27,804. En su núcleo plantea la provincialización de los criterios que determinan qué cuerpos de hielo y zonas periglaciales deben conservarse, en reemplazo del esquema uniforme vigente desde 2010. Las organizaciones ambientales alertan que la apertura de esas áreas a la exploración minera o petrolera pondría en riesgo fuentes de agua y agravaría la crisis climática.
La suspensión judicial en Santa Cruz
El juez que otorgó la medida cautelar argumentó que la posible ejecución de la norma comporta un riesgo irreversible para ecosistemas extremadamente frágiles, como los glaciares y sus entornos inmediatos. En el fallo, que suspendió de inmediato los efectos de la ley en la provincia, se señala la pretensión de declarar la reforma como inconstitucional y contraria a acuerdos internacionales por parte de los demandantes. Aunque la resolución opera únicamente en territorio de Santa Cruz, los magistrados destacaron la gravedad de permitir que criterios técnicos sean relativizados por definiciones locales.
El caso de El Calafate y Perito Moreno
La presentación judicial fue impulsada por el Concejo Deliberante de El Calafate, entidad local que sostuvo ante la corte que la reforma pone en riesgo directo a cuerpos de agua estratégicos. El Perito Moreno se menciona como ejemplo de un reservorio glacial cuya función hidrológica y turística podría verse afectada por proyectos extractivos en zonas aledañas. Para los demandantes, los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce que alimentan cuencas interprovinciales y, por lo tanto, no pueden ser reguladas aisladamente por cada jurisdicción.
Contenido de la reforma y críticas
La modificación aprobada en el Congreso cambia el sistema establecido desde 2010 al delegar en las provincias la facultad para definir los criterios técnicos que determinan la protección de hielos y áreas periglaciales. Ese giro reemplaza un estándar nacional por umbrales locales; en la práctica, zonas que no cumplan nuevas exigencias provinciales podrían perder su condición de protegidas y quedar expuestas a actividades económicas. El proyecto obtuvo sanción en la Cámara baja por 137 votos a favor y 111 en contra, con los bloques afines al Gobierno garantizando el quórum necesario para su aprobación.
Impactos en recursos hídricos y ambiente
Para las organizaciones ecologistas, la dispersión de los parámetros técnicos facilita el retorno de iniciativas mineras y petroleras sobre terrenos incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares. Señalan que la explotación en zonas periglaciales puede contaminar acuíferos y modificar procesos hidrológicos esenciales, con efectos de difícil o imposible reversión. A la par de la presentación de El Calafate, la provincia de La Pampa presentó una medida similar y se multiplican los recursos: hay un expediente ante la Corte Suprema, acciones colectivas impulsadas por grupos como Greenpeace y previsión de demandas en al menos seis provincias más.
Movilización, expectativas y próximos pasos
La disputa legal y política promete trasladarse de las cámaras legislativas a los tribunales y a la calle: asambleas locales y organizaciones civiles se organizaron para sumar voces a las presentaciones judiciales y pedir la anulación total de la norma. Mientras dura la suspensión en Santa Cruz, el proceso judicial evaluará si la reforma vulnera principios constitucionales o compromete pactos internacionales de protección ambiental. Los resultados de estos litigios definirán si la provincialización será un cambio definitivo en la gestión de los glaciares o si el estado nacional recupera criterios uniformes de protección.
