El choque público entre el gobierno mexicano y el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU escaló tras la difusión de una resolución que, según el organismo, contiene indicios bien fundados de desapariciones forzadas con carácter sistémico en México. El comité decidió solicitar al Secretario General que remita el asunto a la Asamblea General de las Naciones Unidas para evaluar medidas de apoyo al Estado en la prevención, investigación y sanción de este delito. El gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, rechazó el informe y lo calificó de sesgado, anunciando una respuesta técnica y una conferencia con expertos para exponer sus argumentos.
Argumentos y críticas del Ejecutivo
En la conferencia matutina del 7 de abril, la presidenta sostuvo que el informe carece de rigor metodológico porque, dijo, se basa en datos recopilados entre 2009 y 2017 en cuatro entidades y que esos resultados fueron extrapolados hasta 2026. Sheinbaum afirmó que las observaciones enviadas por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores no fueron debidamente consideradas en el documento preliminar. El Ejecutivo insistió en que el Estado no ordena desapariciones, que dichas prácticas no forman parte de una política pública actual y que existen reformas legislativas y estructuras —como la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda en 2018 y una reforma de la ley en 2026— destinadas a localizar a las personas ausentes y mejorar la identificación forense.
Respuesta del Comité y alcance internacional
El presidente del CED, Juan Pablo Albán Alencastro, respondió públicamente el 6 de abril de 2026 para aclarar que los órganos de tratado forman parte del Sistema de las Naciones Unidas y que su función es supervisar el cumplimiento de convenios. Albán explicó que la decisión se sustentó en la facultad prevista por el artículo 34 de la Convención contra la Desaparición Forzada, que permite elevar casos a la Asamblea General cuando existen indicios de desapariciones generalizadas o sistemáticas. Además, subrayó que el análisis no se limita a un periodo histórico sino que examina la evolución del fenómeno hasta la actualidad, y que el desacuerdo de un Estado es legítimo, aunque la descalificación del órgano puede considerarse cuestionable.
Tensión con colectivos de víctimas
Familias de desaparecidos y organizaciones civiles criticaron la postura del gobierno y exigieron que se acepte la cooperación internacional para afrontar una crisis que, según datos citados por organismos y colectivos, acumula más de 132,400 personas desaparecidas, más de 4,500 fosas clandestinas y cerca de 72,000 restos humanos no identificados. Estos colectivos han reiterado que la complejidad forense y la magnitud del fenómeno requieren recursos técnicos y presupuestarios adicionales, y rechazaron que se reduzca el problema a secuestros del crimen organizado o ausencias voluntarias sin distinguir los casos que podrían constituir desaparición forzada.
Elementos prácticos y reformas mencionadas
El Ejecutivo destacó reuniones periódicas con colectivos de búsqueda y el trabajo coordinado entre instancias como la Fiscalía General de la República y la Segob para impulsar acciones forenses y búsqueda. Sheinbaum aseguró que el Estado ha promovido cambios legales y operativos, ha apoyado búsquedas y ha sancionado a servidores públicos cuando se comprueba su responsabilidad individual. También señaló el antecedente de la militarización de la lucha contra el crimen organizada en años previos como un factor que agravó el fenómeno desde 2006, y aseguró que el gobierno mantendrá diálogo con el Alto Comisionado y otras agencias para fortalecer identificación y localización.
Próximos pasos y posibles implicaciones
Ante la solicitud del CED de que el asunto sea llevado a la Asamblea General, la discusión internacional puede derivar en recomendaciones, asistencia técnica o medidas de seguimiento que busquen apoyar al Estado en la investigación y erradicación de este delito. Por su parte, el gobierno convocó a una conferencia donde participarán funcionarios, ministras y expertos en derechos humanos para exponer por qué consideran insuficiente el informe y para detallar acciones en curso. Mientras tanto, la brecha entre la lectura internacional y la versión oficial aumenta la presión pública sobre la necesidad de transparencia, colaboración técnica y resultados concretos en las búsquedas y registros forenses.
