La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia impuso el 25 de marzo de 2026 una pena de 23 años al senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, por su participación en un entramado que manipuló contrataciones públicas. El tribunal determinó que el congresista lideró una organización criminal que direccionó convenios y cobró sobornos a cambio de favores políticos y económicos.
En la sentencia, los magistrados describen cómo se aprovecharon recursos destinados a obras viales para beneficiar a contratistas afines y, simultáneamente, sustentar campañas y consolidar clientelas políticas. Además de la pena privativa de libertad, el fallo establece una multa millonaria y la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante el período equivalente a la condena.
Los delitos y la decisión judicial
El alto tribunal declaró a Ramírez culpable de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. Según la resolución, la conducta del congresista afectó de forma grave los fines de la contratación estatal, destinados a satisfacer necesidades colectivas. La Corte rechazó la posibilidad de beneficios como la prisión domiciliaria o la suspensión condicional de la pena, con lo que el senador deberá cumplir la condena en centro penitenciario cuando la sentencia quede firme.
La sentencia, con más de cuatrocientas páginas según la ponencia, incluye además una multa cercana a los 22.340 millones de pesos y la prohibición de ejercer cargos públicos por el tiempo determinado. El tribunal consideró que la utilización de recursos para obras destinadas a mejorar la vida de comunidades agrava la conducta, al desviar fondos para fines particulares y electorales.
La estructura del caso: ‘las Marionetas’
Contratos y montos implicados
La investigación bautizada como ‘las Marionetas’ refiere a un patrón de direccionamiento de contratos públicos, en especial proyectos viales. Entre los convenios investigados aparecen dos interadministrativos por montos de 22.173 millones y 49.460 millones de pesos, ejecutados en departamentos como Quindío y Tolima. En conjunto, la Corte calculó que el esquema habría permitido el desvío de cerca de 90.000 millones de pesos, cifra que se aproxima a más de 24 millones de dólares.
Formas de beneficio y pago de sobornos
Según la investigación, los contratistas favorecidos entregaron al congresista sumas en efectivo por contratos adjudicados: el esquema incluía porcentajes que, en algunos casos, alcanzaban hasta el 15% del valor del contrato y pagos por alrededor de 1.000 millones de pesos. Estos recursos, según la Corte, se utilizaron tanto para beneficio privado como para apuntalar la campaña política del senador en varias regiones.
Actores, pruebas y antecedentes
La Corte basó su decisión en numerosos elementos probatorios: testimonios, correos electrónicos, interceptaciones telefónicas y documentación sobre ingresos y movimientos contractuales. Testigos clave fueron exdirectivos y asesores de la empresa Proyecta, entre ellos Pablo César Herrera Correa y Alejandro Noreña Castro, quienes aceptaron responsabilidades y colaboraron con la justicia.
El tribunal también relacionó el esquema con prácticas atribuidas en el pasado a otros congresistas, lo que sugiere una replicación de métodos de direccionamiento y pago de coimas en distintas administraciones. Parte del caso analiza cómo la estructura burocrática permitió al senador influir en procedimientos administrativos y asignaciones contractuales.
Impacto político y repercusiones legales
Además de la pena privativa de libertad, la resolución produce efectos políticos inmediatos: la inhabilitación por más de dos décadas deja a Ramírez fuera del ejercicio público y abre debates sobre controles en la contratación estatal. La Corte enfatizó el daño al bien común cuando se desvía inversión pública destinada a infraestructura y servicios.
En los próximos pasos procesales, la defensa podrá presentar recursos ordinarios y extraordinarios; sin embargo, la condena ya marca un precedente relevante en la lucha contra la corrupción. Para las víctimas del desvío de recursos y para la ciudadanía, la decisión refleja la intención del tribunal de sancionar prácticas que erosionan la confianza en las instituciones y afectan la prestación de obras públicas.
