En medio de tensión política entre sectores del oficialismo, la vicepresidenta Victoria Villarruel llamó la atención en la red social X al usar la palabra cascada en un saludo de cumpleaños dirigido a una seguidora. La coincidencia temporal con la jornada en la que un contratista aportó su versión ante la Justicia motivó lecturas y comentarios entre usuarios y actores políticos. El uso de ese término, lejos de ser irrelevante, fue interpretado por varios simpatizantes como una alusión indirecta a las refacciones que aparecen en la causa contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El testimonio del contratista Matías Tabar se desarrolló en los tribunales federales de Comodoro Py, donde declaró entre las 10.30 y las 13.30. Según las fuentes judiciales, su aporte incluyó documentación, facturas, fotos y videos de obra, además del detalle de pagos. Ese material permitió reconstruir una secuencia de entregas parciales de dinero y el crecimiento del presupuesto inicial hasta alcanzar un monto final que los investigadores consideran central en la investigación por enriquecimiento ilícito.
La frase en X y el contexto político
El saludo en X no pasó desapercibido por quienes siguen la interna entre la vicepresidencia y el círculo del presidente. Victoria Villarruel decidió, en otra oportunidad, evitar compartir una fila en la misa de Luján con Manuel Adorni y otros referentes; esa decisión ya había sido leída como un gesto político. En este episodio, su elección léxica fue registrada por seguidores que pronto la relacionaron con las obras atribuidas al jefe de Gabinete. En redes, la conjunción entre una expresión coloquial y el testimonio judicial generó una narrativa que mezcla comunicación simbólica y procesos legales abiertos.
Qué explicó el contratista ante la fiscalía
Matías Tabar detalló ante el fiscal Gerardo Pollicita los trabajos realizados en la propiedad ubicada en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Explicó que la contratación se acordó el 14 de septiembre de 2026 y situó el período de ejecución entre octubre de 2026 y julio de 2026. Entre los documentos entregados aparecieron presupuestos, comprobantes de compra y registros audiovisuales que muestran el avance de las tareas. Tabar aseguró que los pagos se le hicieron en efectivo y sin factura, concepto que los investigadores tomaron como relevante para la hipótesis de la fiscalía.
Documentación y registros aportados
El testigo presentó una planilla con el desglose de gastos que fijó un monto final de US$245.929, así como facturas por materiales, compras de mobiliario y videos del antes y el después. En el expediente quedaron constancias de entregas parciales de dinero y de la variación del presupuesto: un presupuesto inicial de US$128.150 que, tras la exclusión de ciertos ítems, quedó en una base de US$85.050, para luego reescalarse con trabajos adicionales como la remodelación de la pileta por unos US$9.000. Esa evolución financiera es una de las piezas que los fiscales analizan para reconstruir cómo se financiaron las obras.
Alcance de las refacciones y otros movimientos patrimoniales
Las intervenciones realizadas incluyeron pisos nuevos, revestimientos, un gran quincho, la reforma de la parrilla, una piscina con mosaico travertino y la construcción de una cascada en el jardín, además de aberturas de alta gama y carpintería a medida. Entre los rubros más costosos se mencionan aberturas premium, cuyo conjunto rondó los US$33.000, y pedidos sucesivos de carpintería que superaron, en conjunto, los US$40.000. Los registros permitieron a los investigadores cuantificar y verificar el alcance material de las obras.
Gastos en el entorno y obligaciones financieras
Paralelamente a las refacciones, la causa recogió otros movimientos económicos del entorno del funcionario. Se consignaron pagos de alquiler por unos US$13.000 en el country durante el período de obra, adelantos por inmuebles, y operaciones crediticias cuyos vencimientos y montos fueron reportados por la fiscalía. En total, entre deudas y obligaciones pendientes antes de un plazo fijado por la investigación, se mencionan cifras alrededor de US$335.000 que los investigadores incorporan al análisis patrimonial del expediente.
La investigación está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y del juez federal Ariel Lijo, y avanza con peritajes y con el auxilio de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) para ordenar ingresos, gastos y deudas. Mientras tanto, la juxtaposition de una expresión pública en X y un testimonio técnico en los tribunales dejó una imagen simbólica que alimenta la discusión política y judicial sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.
