En la colonia Madero, popularmente llamada La Cacho, los residentes afectadas por la construcción denominada Sideways Living mantienen un reclamo persistente hacia la desarrolladora y las autoridades. A casi un mes de la intervención municipal y con los sellos de clausura visibles en el predio, las familias afirman que no han recibido ningún ofrecimiento formal de reparación, apoyo económico ni alternativas habitacionales. La situación ha generado movilizaciones vecinales y la entrega continua de oficios a dependencias locales para exigir acceso a los permisos y dictámenes que avalaron la obra.
Los vecinos explican que las afectaciones van más allá de fisuras superficiales: reportan grietas, hundimientos y daños en bardas que ponen en riesgo la estabilidad de viviendas colindantes. Ante ese panorama, algunos hogares fueron calificados por Protección Civil con sellos de riesgo y, por seguridad, varias familias tuvieron que abandonar sus casas temporalmente. En paralelo, la carpeta de investigación avanzó en la Fiscalía, mientras la comunidad insiste en la necesidad de sanciones y medidas que impidan la impunidad.
Reclamos concretos de las familias afectadas
Las demandas ciudadanas se centran en tres puntos: la reparación integral de los daños, el apoyo económico para cubrir gastos de mudanza y hospedaje, y la imputación de responsabilidades administrativas y penales para quienes autorizaron o ejecutaron la obra sin las debidas salvaguardas técnicas. Residentes como Mayra Mercado han denunciado que afrontan costos elevados —indicando pérdidas estimadas de alrededor de 80 mil pesos por semana— y que la empresa desarrolladora no ha ofrecido ninguna solución. Para ellos, no basta con la eliminación temporal de actividades en el predio: buscan garantías, transparencia sobre permisos y consecuencias reales para responsables.
Historias individuales y medidas provisionales
Mayra relató que su vivienda fue marcada con una etiqueta amarilla y que decidió salir hace dos semanas por el temor a nuevos movimientos telúricos y al deterioro progresivo de la estructura. Ella y otras familias han financiado con recursos propios los traslados y la renta temporal; su esposo ha cubierto los gastos mientras la firma permanece ausente. Además, se informó que existen al menos dos casas engomadas por Protección Civil y que la carpeta legal del conflicto se abrió desde mediados del año pasado, lo que añade un componente prolongado y frustrante para quienes esperan soluciones.
Posición y límites de las autoridades municipales
Desde la administración local se ha reiterado que la clausura del proyecto se mantendrá mientras exista un proceso legal activo entre los vecinos y la empresa. Virginia Vargas González, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, explicó que la intervención en el predio ya fue suspendida en múltiples ocasiones y que cualquier levantamiento de sellos dependerá de un acuerdo entre las partes y de la resolución de instancias competentes. Las autoridades han aclarado que, en caso de que haya consenso, solo se permitiría retomar trabajos orientados a la protección de viviendas, como los muros de contención, pero no la reanudación de la torre proyectada.
Origen técnico de los problemas
El director de la Dirección de Administración Urbana, Fernando Sánchez Muñoz, atribuyó las afectaciones a cortes de terreno realizados de forma inadecuada durante las labores iniciales en el predio, lo que provocó inquietud y daños en inmuebles colindantes. Por ahora, el Ayuntamiento señala que no puede retirar sellos ni autorizar obras relacionadas mientras la demanda siga su curso y no exista instrucción de una autoridad superior que ordene lo contrario. En tanto, la dependencia ha sostenido reuniones con representantes de la empresa y con vecinos para documentar daños y explorar soluciones técnicas y jurídicas.
Pasos siguientes y exigencias de la comunidad
Las familias afectadas afirmaron que continuarán la gestión administrativa y jurídica: presentarán oficios ante la Sindicatura y otras dependencias para solicitar copias de permisos, dictámenes y procesos administrativos vinculados al proyecto. Más allá de reclamar la reparación económica de los daños, los vecinos insisten en que se impongan sanciones a quienes actuaron con negligencia, porque consideran que permitir la continuidad del proyecto sin sanciones equivaldría a normalizar el despojo de hogares. Su demanda busca, por tanto, tanto medidas reparatorias como el establecimiento de responsabilidades claras.
Conclusión
La disputa en La Cacho combina aspectos técnicos, legales y sociales: desde la constatación de daños estructurales hasta la exigencia de respuestas administrativas y penales. Con la clausura vigente y la investigación en curso en la Fiscalía, el desenlace dependerá de las gestiones entre afectados y empresa, la resolución de autoridades competentes y la capacidad del Ayuntamiento para garantizar que, en caso de permitir obras de mitigación, éstas se realicen con criterios técnicos y con la protección de las familias implicadas.
