En un contexto de cooperación económica con Estados Unidos y aumento de la actividad petrolera, el sistema eléctrico venezolano enfrenta una presión adicional. La demanda de 15.700 megavatios supera ampliamente los 12.000 megavatios que actualmente se generan, agravando las fallas en todo el país. Esta situación ha llevado al Ejecutivo a presentar una reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctricoaprobada en primera discusión el 2 de junio por la Asamblea Nacional (AN).
La reforma, que forma parte de un plan de tres fases, busca rescatar los servicios públicos como parte de la recuperación de Venezuela. Entre los cambios más significativos está la apertura del sector eléctrico al capital privado, algo que no ocurría desde hace dos décadas. Sin embargo, expertos como Elias Matta y Juan Carlos Rodríguez Adrián advierten que aún faltan garantías para el capital extranjero, como el arbitraje internacional en caso de controversias.
Incorporación del capital privado al sector eléctrico
El nuevo artículo 8 de la ley establece que el desarrollo del servicio eléctrico, incluyendo generación, transmisión, distribución y comercialización, podrá ser realizado por diversos operadores, entre ellos empresas privadas. Esto marca un cambio radical respecto al modelo anterior, donde estas actividades eran exclusivas del Estado por razones de seguridad y soberanía nacional.
Elias Matta destaca que este cambio jurídico permitirá a empresas privadas participar en toda la cadena del ciclo eléctrico, no solo en segmentos específicos. Sin embargo, advierte que el Estado mantendrá un control significativo a través de concesiones operativas, lo que podría limitar la autonomía de los nuevos actores.
Control del Ejecutivo y falta de garantías
La reforma incluye el artículo 32, que establece que la constitución de empresas mixtas y las condiciones de las actividades eléctricas serán autorizadas por el Ejecutivo en Consejo de Ministros. Juan Carlos Rodríguez Adrián señala que, aunque hay un avance hacia la incorporación de nuevos actores, el Estado se reserva la propiedad del sector y controla estrictamente las operaciones.
Además, los expertos señalan que la ley no contempla mecanismos de protección para el capital extranjero, como el arbitraje internacional. Esto podría disuadir a inversores de largo plazo, que exigen garantías como el acceso a organismos como el Ciadi para resolver controversias.
Impacto en las tarifas y compensación a los usuarios
La reforma también plantea cambios en el sistema tarifario, buscando una rentabilidad razonable para los inversores. Esto podría traducirse en un aumento de las tarifas, especialmente para los sectores industrial y comercial. Sin embargo, se plantea mantener subsidios para los sectores más vulnerables.
Otro avance importante es la obligación de las distribuidoras de compensar económicamente a los usuarios por los apagones. El nuevo artículo 37 establece que las empresas deben compensar los daños causados por fallas en el suministro, algo que no estaba contemplado en la ley vigente.
En resumen, la reforma eléctrica en Venezuela representa un cambio significativo en la política energética del país. Aunque busca mejorar el servicio y atraer inversiones, también plantea desafíos en términos de garantías para los inversores y el impacto en las tarifas para los ciudadanos.
